Justamente en tiempos electorales que arrojarán como resultado darle mayor poder de discrecionalidad a
Horacio Rodríguez Larreta o, por el contrario, abrir la chance a que deba discutir y negociar las leyes para la Ciudad de Buenos Aires,
el jefe de Gobierno porteño y Juntos por el Cambio avanzaron en el acuerdo entre el GCBA e IRSA - apodado por la oposición porteña como "amigos son los amigos" - en la Legislatura con un tratamiento exprés, pese a que el convenio urbanístico para construir enormes torres en la Costanera Sur no obtuvo respuesta a los principales interrogantes ambientales que genera y que además la Justicia había ordenado frenarlo.
Así, el larretismo firmó hoy en la Legislatura porteña el dictamen del convenio urbanístico que habilita la construcción de torres de 145 metros en la Costanera Sur y
habilitó así que el tema sea tratado en la sesión del 5 de agosto.
El acuerdo "amigos son los amigos" entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA contempla el cambio de la norma urbanística que rige actualmente en el predio de 71 hectáreas situado en la Costanera Sur, sobre la avenida España 2200, para autorizar las edificaciones en altura, algo que está prohibido ya que solo se permiten usos deportivos.
A modo de contraprestación, la empresa desarrolladora anunció que cederá un sector de 48 hectáreas al dominio de la Ciudad de Buenos Aires para que pasen a ser públicas con la posibilidad de que se conviertan en un parque. Sin embargo, 14 conforman un espejo de agua y otras dos serán calles y boulevares, por lo que no habrá espacios verdes.
La oposición, con núcleo en el Frente de Todos porteño, denunció la ausencia de un estudio de impacto ambiental del emprendimiento que se levantará, dijeron, sobre un humedal.
El acuerdo fue firmado el 19 de julio, un día después fue remitido a la Legislatura y dos días más tarde fue explicado por funcionarios porteños ante los diputados en un plenario de comisiones, el mismo que hoy volvió a reunirse para despachar el expediente con la idea de tratarlo en la próxima sesión del 5 de agosto.
Por eso, la celeridad fue cuestionada por los legisladores del FDT, quienes también criticaron que la reunión parlamentaria se haya desarrollado pese a un fallo del juez
Guillermo Scheibler, quien el sábado último ordenó frenar el debate dado que no cumplía con los procesos previstos para este tipo de proyectos.
"En solo 7 días se firmó el convenio, ingresó a la @legiscaba, se llamó a reunión informativa, se hizo la reunión, se convocó a comisión y ya se está por despachar el proyecto del que sería el primer barrio cerrado de la Ciudad. Wow, atendeme esas prioridades de gobierno", tuiteó la legisladora Lucía Cámpora.
La medida precautelar a la que hizo alusión la oposición dio lugar al amparo presentado por organizaciones ambientales y sociales, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Pensamientos y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes.
Sin embargo, el larretismo puso excusas burocráticas para avanzar pese a conocer el contenido de la orden judicial. Según informó el presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, Diego García Vilas, la resolución judicial no fue remitida a la Legislatura hasta la hora del inicio de la reunión de hoy, pactada para las 11.30, por lo cual se determinó avanzar con el debate parlamentario.
Además, esta mañana el juez de feria
Martín Converset emitió una resolución en la que sostuvo que "nada" impedía el desarrollo de la reunión al entender que el Parlamento "no fue notificado" del fallo de su colega Scheibler ante la falta, dentro del Poder Judicial, de una dirección electrónica de la Legislatura para concretar el envío. Es decir, un magistrado y JXC usaron presuntas falencias de la Justicia para desconocer un decisión judicial que perjudicaba la avanzada de JXC.
Minutos después de las 11.30, las autoridades de la Comisión dieron inicio al encuentro que, por reglamento, tiene reservada la primera media hora destinada a que la ciudadanía pueda expresar su opinión respecto de los expedientes en tratamiento, en una instancia que por los protocolos de la pandemia, se realiza, por lo general, a través de la lectura de los correos electrónicos que los vecinos envían al Parlamento.
Sin embargo, el oficialismo propuso que solo se diera cuenta de los nombres de los ciudadanos que mandaron los correos y la postura a favor o en contra del proyecto, lo que fue observado por los legisladores de la oposición, que reclamaron que se usaran los 30 minutos reglamentarios para que fueran leídos los mensajes, lo que fue aceptado por las autoridades.
Al respecto, el legislador del Frente de Todos (FDT) Javier Andrade manifestó que le "preocupa mucho la manera arbitraria en la que se está llevando adelante el trabajo legislativo".
"No podemos admitir que la Legislatura no haya mandado la dirección de un correo electrónico donde poder ser notificada en el marco de una pandemia. Es inentendible ese tipo de argumentaciones", aseveró y precisó que un proyecto "como el de la Costanera Sur requiere de un estudio de impacto ambiental previo".
Por su parte, el diputado Matías Barroetaveña, del FDT, sostuvo que "no se puede tomar, en una semana, decisiones de esta envergadura pensando solamente en el valor del metro cuadrado y en los negocios de un empresario".
"Hay que tener en cuenta la voz de los especialistas ante la posibilidad de hacer un daño ambiental importante en la Ciudad que van a pagar las próximas generaciones", advirtió.
Por su parte, Cámpora señaló que "de realizarse este proyecto, se vería afectada una zona que es humedal aledaño a la Reserva Ecológica de la Costanera Sur", en tanto que recordó que "esas tierras que hoy son de un privado, eran públicas y sobre ellas hubo una estafa al Estado nacional".
