El Gobierno recibió, según confirmó el Ministerio de Economía, los USD4.334 millones correspondientes al reparto de Derechos Especiales de Giro (DEG) que realizó el Fondo Monetario Internacional por cuarta vez en su historia y a partir de la inédita crisis mundial desatada por la pandemia de coronavirus.
El Ministerio de Economía tiene previsto utilizarlos para cancelar los primeros vencimientos de capital con el organismo de crédito multilateral, que, justamente, suman unos USD3.700 millones en las dos cuotas iguales que recaen en septiembre y en diciembre.
Así, permitirá ganar algo de tiempo antes de cerrar un nuevo acuerdo con la entidad presidida por Kristalina Georgieva.
Lo cierto es que el desembolso será fundamental para las arcas fiscales, ya que no implica un incremento de la deuda sino que funcionan como una suerte de asiento contable gratuito, más allá de que no pasarán a contabilizarse como recursos propios.
La asignación de los DEG del FMI a sus países miembro será por un total de USD650.000 millones de acuerdo con la cuota que tenga cada nación.
Como Argentina tiene apenas el 0,67%, le corresponden unos USD4.350 millones. Así el minsitro Martín Guzmán gana siete meses para seguir negociando con el FMI un programa de facilidades extendidas para reestructurar la deuda generada por el macrismo.
La fecha que se observa en el horizonte es marzo de 2022, cuando venza un compromiso de pago por unos 4050 millones de dólares. Con los compromsios financieros del 2021 casi despejados, el objetivo es acordar con el organismo que conduce Kristalina Georgieva antes del tercer mes del año próximo.
El primero de los dos vencimientos que
el país debe afrontar con el FMI vence el próximo 30 de septiembre y es por un total de 1800 millones de dólares. El segundo será por la misma cifra y tiene fecha de vencimiento al 30 de diciembre de este año. Es decir que si no se llega a un nuevo acuerdo, parte de los 4350 millones de dólares que llegarán vía DEG podrán utilizarse para estos compromisos.
Hoy el principal escollo es que el FMI acepte un plazo mayor a 10 años para un acuerdo.
Guzmán discute que se incluya una cláusula que explícitamente mencione que si en los próximos años el FMI incluye un cambio en su fórmula diseñada para los Facilidades Extendidas que permita acuerdos a plazos mayores a los 10 años; automáticamente Argentina esté incluida en el beneficio.
En el mismo sentido se negocia una reducción de los intereses y que las obligaciones de comienzo de pagos comiencen a los 4,5 años de inicio del acuerdo. Luego habrá tiempo de negociaciones políticas para que un nuevo acuerdo sea refrendado con la mayor amplitud de fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Nación.
