Las causas sobre el espionaje ilegal ya probado que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri van, cada vez, alcanzando aristas más escandalosas y graves. La expectativa, e incertidumbre, es si la justicia condenará a los responsables, principalmente a los que lo planificaron.
En ese marco,
hoy se confirmó que el Estado bajo conducción de Juntos por el Cambio no sólo espió a políticos entonces opositores y, entre otros, a familiares de víctimas del ARA San Juan, sino también a alumnos y docentes en universidades públicas.
Por eso,
formalmente la Universidad de Buenos Aires pidió ser querellante e impulsar la causa de espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos, debido a que las
maniobras de persecusión también se habrían desplegado sobre docentes, no docentes y alumnos, en el marco de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de esa casa de estudios.
Según informó Vanesa Petrillo, la presentación fue efectuada por los letrados representantes de la UBA Pablo Lafuente y Valeria Thus ante el juez federal
Marcelo Martinez de Giorgi, que lleva adelante el caso de espionaje en el que está procesada la cúpula de la AFI macrista, del Servicio Penitenciario Federal y otros acusados de espiar a políticos, organizaciones sociales, sindicalistas y detenidos en unidades carcelarias.
Los abogados de la UBA refieren en su escrito que al espionaje sobre docentes que desempeñan tareas en el Centro Universitario Devoto. También indican documentos que demostrarían la presencia de personas infiltradas por el SPF en charlas organizadas por la Facultad de Derecho relacionadas con posibles reformas al servicio penitenciario.
Los letrados citaron una nota publicada en El Cohete a la Luna que da cuenta de un procedimiento en la calle Varela 266, sede de la Dirección Principal de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal en el que se secuestraron pendrives con documentos en los que aparece
información de inteligencia con fotos de docentes que dan clases en cárceles federales, entre otros Cristina Caamaño - actual interventora de la AFI -, Diana Cañal, Claudia Neira - legisladora del FDT -, David Cohen, asi como información del ex director del Programa de Estudios en el SPF UBA XXI Leandro Halperín, actual legislador porteño de JXC.
La UBA entiende que toda la información recolectada sobre alumnos, docentes, y no docentes de la casa de estudios que se desempeñaban en el Programa UBA XXI “además de encontrarse en una absoluta irregularidad…no provenía de ninguna orden judicial”.
“La misma conclusión es aplicable a las maniobras de infiltración y recolección de información por parte de agentes de inteligencia en las charlas que organizaban en la Facultad de Derecho y que guardaban relación con la reforma penitenciaria”, advirtieron los letrados en la presentación.
Los letrados de la universidad pública buscan determinar si un grupo de funcionarios públicos del SPF
“ha acordado, coordinado y destinado recursos estatales para la obtención, producción, sistematización y análisis de información sobre docentes, y funcionarios de gestión pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, así también como sus acciones privadas y /o actividades lícitas”.
Se adjuntó numerosa documentación relacionada con los hechos y pidió ser tenida como querellante para impulsar la investigación. En la causa ya están procesados el extitular de la AFI Gustavo Arribas, su segunda Silvia Majdalani, exespías, el extitular del SPF Emiliano Blanco, entre otros.
El expediente es actualmente evaluado por la Cámara Federal, que debe resolver si confirma o no los procesamientos, aunque antes debe definir sobre una serie de recusaciones contra sus miembros planteadas por varios querellantes.
