29.09.2021 / Justicia y política
Fuerte rechazo judicial al proyecto de Larreta en CABA para tratar de ayudar a Macri con la causa Correo
El PRO en la Ciudad busca aprobar mañana una iniciativa que permite a la Corte porteña, copada por el macrismo, intervenir en causas de la justicia nacional, como busca el ex presidente con la deuda del Correo. Dos de las listas que integran la asociación de magistrados y el Colegio Público de Abogados, en contra.
El larretismo en la Ciudad de Buenos Aires busca contribuir con la injerencia de la justicia porteña en causas de jurisdicción nacional y, así, potencialmente beneficiar a Mauricio Macri en tal vez la causa más sensible que enfrenta, como la de la deuda por Correo Argentino, aunque encontró sorpresiva oposición en la comunidad judicial.
La inciativa es rechazada por el Frente de Todos por considerarlo como un intento de "control político" sobre la justicia. Es que el TSJ porteño tiene cinco integrantes de los cuales tres son militantes macristas. Su presidenta es Inés Weinberg de Roca, la jueza que Macri había elegido para ocupar la Procuración General de la Nación, idea que quedó trunca porque no consiguió los votos para designarla. Otro es Santiago Otamendi, ex número dos de Germán Garavano en el Ministerio de Justicia durante el Gobierno de Cambiemos. La tercera es Marcela de Langhe, quien fue nombrada también por el macrismo en Instituto Superior de Seguridad Pública porteño.
Este panorama, pese a la cercanía habitual entre la comunidad judicial y el conservadurismo macrista, no agradó en jueces y abogados, a quienes no les agrada que les modifiquen esquemas, ni los que están bien ni los que están mal. Por eso, se oponen a la iniciativa de Larreta para establecer al TSJ como tribunal de alzada para las causas que se tramitan en la justicia nacional.
El argumento, razonable, que esbozan es que la iniciativa viola la "supremacía Constitucional". La iniciativa fue rechazada por el Colegio Público de Abogados y por las agrupaciones Celeste y Compromiso Judicial que integran la Asociación de Magistrados.
Según pudo saber LPO, más allá de que hay varias negociaciones abiertas para frenar el proyecto, miembros de la Asociación adelantaron que se presentarán ante los tribunales para impugnar la reforma y lo mismo ocurrirá con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
"La legislatura local, sin facultades para hacerlo, intenta modificar los Códigos Procesales de la Nación y la ley 48 que reglamenta el recurso extraordinario, entre otras normas, y eso no es otra cosa que subvertir el orden de prelación de las mismas, lo cual no sólo es contrario a toda lógica jurídica sino que, ademas es una decisión violatoria de la Supremacía Constitucional, cualquiera sea el punto de vista donde se lo mire", expresaron desde la Celeste en un comunicado.
EL PROYECTO, LA TRAMPA Y POR QUÉ ES PARA MACRI
La inciativa formal que llega al recinto mañana se titula "Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales"; sin embargo, uno de sus artículos modifica la ley 402, de "procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad".
Dicha modificación pretende establecer que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la CABA puedan proceder "contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal".
El viernes pasado, cuando al mediodía se reunió la Comisión de Justicia de la Legislatura que preside el ex ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo (UCR-Evolución), tenía previsto el tratamiento de un proyecto destinado a regular las audiencias administrativas y judiciales virtuales o mixtas e implementar las notificaciones electrónicas.
La diputada autora de la propuesta, María Luisa González Estevarena (Vamos Juntos) explicó los ejes, que ya habían sido consensuados incluso con el Frente de Todos, pero se metió el legislador Gastón Blanchetière, también de JXC, y, tras invocar la autonomía de la CABA, adelantó que aprovecharían al ocasión para hacer un agregado y "otorgarle al Tribunal superior de Justicia las competencias que le corresponden por sobre la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires".
Argumentó que se apoyaba en los fallos del propio TSJ y que le parecía una "una oportunidad para que queden claro de una vez por todas" cuál es su campo de acción.
Hubo dos casos emblemáticos donde el propio TSJ admitió meterse en territorio nacional. El más reciente y escandaloso es el concurso de acreedores del Correo Argentino, que lleva 20 años de trámite en la justicia comercial nacional, pero cuando se venía la declaración de quiebra la empresa (los Macri) decidió pedirle a la corte porteña que aparte a la fiscala de la causa ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, y a la jueza Marta Cirulli. Boquin es quien denunció en 2017 el intento del Correo de licuar su deuda millonaria en un acuerdo con el Estado nacional cuando quien gobernaba el propio Mauricio Macri. Cirulli es la jueza que finalmente decretó la quiebra y se hizo eco de todas las denuncias de maniobras fraudulentas de la fiscalía.
En ese momento los Macri presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el TSJ que llegó hasta la Corte, luego de los sucesivos rechazos en primera y segunda instancia. Esa decisión está en espera, ahora con Horacio Rosatti a la cabeza de un máximo tribunal nacional ebullicionado.
El antecedente previo, donde el propio TSJ habilitó este camino fue el reclamo del panelista Gabriel Levinas, que arrastraba una condena civil por una demanda de la familia del artista plástico León Ferrari. Debía pagar 88.000 dólares porque vendió obras de arte que Ferrari le habia dado para exhibir en París y tampoco le devolvió el dinero. En ese caso, las/os cortesanas/os de la CABA se metieron con la justicia civil a nivel nacional y anunciaban que lo harían en otros casos también.
Así, de aprobarse el proyecto permitirá que la familia Macri apele ante un tribunal que, se presume, será mucho más amigable: los dos nuevos miembros del TSJ fueron funcionarios del macrismo y la presidenta fue propuesta por el ex Presidente para el cargo de procuradora. Por otro carril, la Corte Suprema de Justicia podría voltear toda la movida.
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