El empresario
Fabián De Sousa, accionista del Grupo Indalo, manifestó que durante la gestión de Mauricio Macri el Poder Ejecutivo de la Nación realizó en forma directa un espionaje ilegal, al punto de interceptar comunicaciones con sus abogados.
El empresario explicó cómo fueron direccionadas esas desgrabaciones de las conversaciones que mantenía con sus abogados abogados y que las mismas están siendo investigadas en otro juzgado federal.
"Se grabaron las conversaciones que mantuve con mis abogados. Lo grave de esto es que fueron realizadas por la AFI, puntualmente por el área jurídica que dependía de la presidencia de la Nación", sentenció De Sousa.
Apuntó así directamente contra la Agencia Federal de Investigaciones que conducía
Gustavo Arribas, íntimo amigo de Mauricio Macri, y al propio por entonces Presidente. "
Esas desgrabaciones en muchos casos sentía que eran utilizadas por la contraparte, ya sea en el proceso penal y el comercial, y así muchas de nuestras estrategias para llegar a la verdad siempre eran desbaratadas con anterioridad con una precisión que llamaba mucho la atención", agregó De Sousa.
"Lo grave de esto también -prosiguió De Sousa- de estas desgrabaciones, que están en el expediente a cargo del doctor
Martínez Di Giorgi, fueron aportadas por la doctora Carrió, a quién se la hicieron llegar en forma anónima, sobre el cual se montó un proceso judicial, político y mediático, conocido por todos como la 'Operación Puf', en la cual me involucraron, en la cual me puse a la disposición de la Justicias, como hice en todas las causas en las que se me involucró".
De Sousa ratificó que esas escuchas ilegales fueron aportadas a la Justicia por la entonces diputada Carrió, socia fundadora de la alianza Cambiemos, que además dijo haber recibido de forma anónima.
"Carrió aportó estas grabaciones en el expediente, es la persona que dio inicio al proceso que hoy estamos llevando adelante en este juicio oral. Es la persona que hizo la denuncia y que mi defensa desde el primer día cuestionó", sostuvo.
"Este dato que ya no es una presunción, es una información que forma parte de pruebas y elementos de un expediente judicial es otro elemento más de este procedimiento vergonzoso en el cual nos hemos visto desde marzo de 2016 y en el cual queda demostrado la interferencia del poder ejecutivo nacional en todas y cada uno de los aspectos que nos tocó vivir desde la pérdida del honor, la libertad, voluntad y en muchos casos hasta la perdida de la familia", añadió.
Para De Sousa, la Justicia "también fue violada en su buen arte. La justicia fue afectada en su característica del desarrollo de su función", a raíz de que se utilizaron herramientas ilegales desde el Estado para montar una persecución contra los opositores al macrismo o simplemente contra quienes no se prestaron al juego de la
"Mesa Judicial" de
Macri.
"No creo que ninguno de ustedes, funcionarios del poder judicial se presta o se prestaría que cuestiones tan básicas como son el derecho a la defensa, a la confidencialidad entre el abogado y el demandado hayan sido violadas sistemáticas y de manera permanente por parte de un poder del estado.
Hubo interferencia del poder del estado con objetivos absolutamente oscuros. Se violó la capacidad de ustedes de impartir justicia", señaló.
En el tramo final, De Sousa destacó la actitud que tanto él como su socio
Cristóbal López afrontaron: "siempre actuamos y desarrollamos nuestro rol como empresarios y ciudadanos dentro del marco de la ley".
"Claramente lo que ha quedado demostrado con esta certificación de información que existe en un juzgado penal es que ha habido un proceso de inteligencia que primero nos llevó a crearnos esta causa, segundo a privarnos de nuestro honor, libertad y patrimonio y por último, a violar algo que jamás había sido violado en la democracia argentina, el derecho a la defensa y a la confidencialidad", explicó.
"Me preguntaba que nosotros éramos escuchados en la cárcel y en base a eso se determinaban acciones mientras tanto a otros argentinos que han decidido en la vida de muchas personas, a esos no se los escuchó. Claramente el objetivo no era de defender el interés general, el objetivo de escuchar era de persecución que lo venimos diciendo desde el primer día", completó.
