31.12.2021 / Fin de Año
Las 10 claves judiciales de 2021: del espionaje ilegal a los recambios institucionales
Un año cargado de novedades por las causas que investigan el espionaje durante el gobierno de Macri con el ARA San Juan y la Mesa Judicial como ejes centrales, los sobreseimientos a Cristina y las modificaciones y renuncias en la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
por Manuel Pol
Durante el 2021 el plano judicial ha tenido varios hechos destacados que involucran a los distintos estamentos del Poder Judicial y figuras políticas de diferentes espacios. En apenas un año se definieron cambios en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia de la Nación, y fallos sobre causas que involucran a dos expresidentes (Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri) y a la estructura federal del Estado nacional.
Algunas de las decisiones más importantes en cuanto a los expedientes judiciales se observaron en el espionaje ilegal, con base en las causas 'Proyecto AMBA' que comenzó en Lomas de Zamora, aquella que investiga la Mesa Judicial del macrismo, la que analiza los aprietes de Marcelo D'Alessio y Carlos Stornelli y el seguimiento a los familiares de las víctimas del ARA San Juan en el año en que el submarino estuvo desaparecido y reclamaban su aparición ante el gobierno de Cambiemos.
Mientras tanto, por el lado de la Vicepresidenta hubo resoluciones judiciales que la sobreseyeron en tres de las causas que pesaban en su contra -aunque dos de ellas deberán ser ratificadas durante el 2022- y en una cuarta, la de la obra pública en Santa Cruz, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si acepta o no los planteos de nulidad que generó la defensa de Cristina Kirchner. Todo esto quedará para el próximo año debido a la feria judicial que comienza en poco días.
Otros de los sucesos claves en este ámbito fueron los diferentes fallos de los supremos. Es el caso de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, en el que le otorgó capacidades asimilables al de las provincias argentinas y acerca de la coparticipación que se reciben las jurisdicciones nacionales. También definieron sobre la causa que tenían en sus manos desde tiempos de Cambiemos acerca la presencia de la empresa Farmacity en la Provincia de Buenos Aires.
El espionaje ilegal que se investiga desde el año pasado en diferentes causas tuvo un proceso de reubicación en el que los distintos expedientes comienzan a confluir en los pasillos de Comodoro Py, como es el caso de 'Proyecto AMBA', la investigación sobre el accionar de la Mesa Judicial M que compartían funcionarios y allegados a Mauricio Macri, quienes junto con el expresidente delineaban las estrategias político judiciales que utilizó el gobierno de cambiemos y los aprietes del falso abogado y el fiscal federal.
Las mismas fueron remitidas a los tribunales porteños por pedido de las defensas de los exfuncionarios que argumentaron que algunos de los hechos que forman parte central sucedieron en CABA. También, la Cámara Federal resolvió que el caso D'Alessio pase los tribunales orales federales y que sea la jueza María Eugenia Capuchetti quien lleve adelante la causa que tuvo al fiscal Stornelli en rebeldía por no presentarse a declarar. Esa magistrada se excusó y un nuevo sorteo arrojó el nombre de Ariel Lijo, que también la rechazó. El tribunal de alzada volvió a remitirlo a la jueza que llegó al cargo durante el macrismo, pero ésta le envió el expediente a Julián Ercolini. El final acerca de quién deberá investigar está abierto.
En la causa de la Mesa judicial se encuentra entre otros el prófugo Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, el operador macrista que tiene pedido de captura de la Interpol. La misma también derivó en el pedido de juicio político que realizará la Comisión Bicameral para los magistrados Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes la semana pasada desestimaron la relación de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia, con los agentes que participaron de espionaje y aprietes a los cuales calificaron de cuentapropistas.
ARA SAN JUAN: PRIMER PROCESAMIENTO DE MACRI COMO EXPRESIDENTE
El expediente se inició en septiembre del 2020 cuando la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó la documentación que encontraron en 4 discos rígidos en la sede de Mar del Plata de la Agencia mientras buscaban información para otro caso. En marzo el juez Martín Bava se quedó con la subrogancia del tribunal de Dolores, que fue donde recaló la causa y a mediados de año citó a declaración indagatoria a Arribas y Majdalani. Meses después los procesaría a ambos por el rol de la AFI en el armado de los informes que le elevaban a Macri.
Algunas semanas más tarde, (R)el 1° de octubre, el magistrado llamó a declarar al expresidente Mauricio Macri y le prohibió la salida del país (aunque se encontraba de viaje en el exterior), a lo que el líder PRO respondió aludiendo no haber sido notificado a tiempo.
Tras ese episodio, Bava convocó a Macri para el 20 del mismo mes y sin embargo tampoco acudió a la segunda llamada(R), ante lo cual las querellas plantearon que estaba intentando demorar el trámite judicial. Al ser citado por tercera vez llamó a una movilización a los tribunales donde iba a prestar declaraciones.
La marcha que convocó el PRO para defender al expresidente en Dolores el 28 de octubre no tuvo la presencia que hubiera deseado la dirigencia y pusieron excusas varias al respecto. Macri se presentó frente al juez de Dolores pero luego de que le leyeran los delitos que le imputaban manifestó que no podía dar su indagatoria sin ser relevado del secreto de Estado sobre las actividades de la AFI.
Pocas horas más tarde, Alberto Fernández había firmado la solicitud de Bava y éste citó a Macri por cuarta vez en menos de dos meses. Finalmente el exjefe de Estado presentó un escrito el 3 de noviembre en el que se desligó de las acusaciones y planteó que no tenía nada que ver con el espionaje que habían sufrido las familias de las víctimas del submarino argentino a pesar de la solicitud que realizó unos días atrás, lo cual reforzó la teoría de los familiares.
En el medio Macri recusó al magistrado por falta de imparcialidad y prejuzgamiento, lo que fue desestimado por la Cámara Federal de Mar del Plata. A pesar de esto, su abogado defensor Pablo Lanusse presentó un nuevo pedido de apartamiento, tras la fallida declaración del 28 de octubre, que la Cámara marplatense giró a Casación Penal (en los tribunales porteños) por el pedido macrista, el cual será definido luego de la feria de enero.
Al contar con el respaldo, parcial, de la Cámara Federal, el 1° de diciembre Bava avanzó con el procesamiento de Mauricio Macri y sostuvo que es “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal”. También volvió a imponerle la prohibición de viajar al exterior que había cancelado la instancia superior ante los argumentos del expresidente y sus defensores, prejuzgamiento y parcialidad y un embargo de 100 millones de pesos.
LA GESTAPO ANTISINDICAL DE VIDAL
En los últimos días salió a la luz, también por la labor de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, un video en el que se le observa al exministro de trabajo de María Eugenia Vidal manifestando su deseo de contar con una Gestapo, es decir un grupo de tareas, que vaya contra los gremios y los dirigentes sindicales (haciendo foco en Juan Pablo "Pata" Medina, de la Uocra de La Plata). Los dichos se produjeron en un encuentro con empresarios de la construcción y otros funcionarios provinciales, el intendente platense Julio Garro y ex agentes de la AFI como Diego Dalmau Pereira, Darío Biorci y Juan de Stéfano, en la sede porteña del Banco de la Provincia.
En este marco, Villegas ya fue imputado y se le realizaron allanamientos al resto de quienes estaban en la reunión que fue grabada. Entre ellos al intendente platense Garro en su despacho del municipio, a De Stéfano -apuntado como agente de la AFI- en las oficinas del SBASE, la sociedad del Estado porteño que maneja los subtes en la que se refugió a partir de la designación de Horacio Rodríguez Larreta, y domicilios particulares de los exfuncionarios y empresarios que allí se encontraban.
SE CAEN LAS CAUSAS CONTRA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER
En este 2021, la expresidenta fue sobreseída tres de las causas en las que era considerada jefa de una asociación ilícita: dólar futuro, memorándum con Irán y Hotesur - Los Sauces. Ninguna de las 3 fue elevada a juicio oral por los tribunales correspondientes, pero solo aquella que planteaba que Cristina Kirchner (con otros de sus exfuncionarios) habían beneficiado a amigos y familiares con la venta de dólar futuro y la posterior devaluación del gobierno macrista, quedó con el sobreseimiento firme.
Por su parte, en la causa que inició el difunto fiscal Alberto Nisman también desestimaron los argumentos contra la Vicepresidenta, pero el fallo fue apelado por uno de los fiscales que investigan la causa, al igual que en el caso del alquiler de las propiedades Hotesur - Los Sauces, en el que la justicia no encontró delito pero que también fue elevada a revisión de un nuevo tribunal.
La expresidenta, que llegó a tener 8 causas abiertas en simultáneo durante el gobierno de Mauricio Macri, continúa por el momento ratificando ante la Justicia sus dichos de inocencia y el armado de causas generado por el gobierno anterior, como parecen corroborar las "gestapos" que van apareciendo, a partir del lawfare.
CAMBIO EN EL GABINETE
Si hablamos del oficialismo, otro de los hechos más importantes del año en materia judicial ha sido la salida de Marcela Losardo -una de las ministras del riñón de Alberto Fernández- del Ministerio de Justicia y el arribo de Martín Soria al gabinete nacional, luego de ser como diputado uno de los que impulsara la investigación periodística que destapó la presencia de jueces como Gustavo Hornos y Mariano Llorens en la Casa Rosada y la Quinta Presidencial durante el gobierno de Macri.
El presidente Alberto Fernández había declarado que necesitaba más actitud y otro tipo de gestión para llevar adelante los recambios necesarios en el poder judicial y que apoye los proyectos que el ejecutivo había enviado al congreso nacional.
El titular de la cartera se reunió recién 8 meses después de asumir con la Corte Suprema y ha sido la punta de lanza del presidente a la hora de criticar y proponer cambios tanto en el máximo tribunal como en distintos organismos judiciales(R). Soria también fue quien reveló qué Villegas había ingresado a La Casa de gobierno el mismo día y tan solo 3 minutos después que Gustavo Arribas apenas un mes y medio antes de la reunión en el Banco Provincia (R)lo que da entender qué no existía el cuentapropismo en materia de espionaje.
Villegas, el ministro de Vidal que quería una GESTAPO, tampoco era un cuentapropista: un mes antes fue a la Rosada a reunirse con Macri y Arribas.
— Martin Soria (@MartinSoria_) December 27, 2021
Pero los jueces de Casación que también entraban a escondidas a la Rosada y a Olivos, niegan el plan sistemático de persecución. pic.twitter.com/upwedYqx45
UNA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CON TURBULENCIAS
La Corte también tuvo un año con movimientos y recambios. Luego de la elección de autoridades en la que fue electo Horacio Rosatti como presidente del cuerpo con tan sólo dos votos a favor y uno en contra con cinco magistrados habilitados a votar -por la ausencia de Ricardo Lorenzetti que pidió la postergación del encuentro por estar en una conferencia y la definición de highton de Nolasco de no votar sin la presencia de todos los integrantes-, sufrió la renuncia de la única miembro mujer.
La magistrada que había sido designada en el cargo por Néstor kirchner en 2004 le anunció a Alberto Fernández en una misiva que renunciaría a partir del primero de noviembre y dejó en jaque a sus colegas que siendo tan solo cuatro deben recuperar la confianza de la sociedad en una institución que no se aggiornó a los nuevos tiempos y mantiene las mimas estructuras desde hace décadas.
UN ÓRGANO INCONSTITUCIONAL QUE NOTARON CON 15 AÑOS DE DEMORA
Hace apenas un par de semanas, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley que dictó el Congreso en el 2006, que había reducido de 20 a 13 la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura y le había quitado la conducción al Máximo Tribunal. El argumento cortesano fue que no respeta el equilibrio de los sectores en el organismo que selecciona, sanciona y remueve magistrados.
La resolución de los supremos indica que estas modificaciones deben implantarse antes del 15 de abril próximo o lo actuado por el organismo que define sobre las juezas y los jueces será considerado nulo
A esto salieron a responderle el Presidente y el Vicepresidente del cuerpo quienes indicaron que hay peligro de que se paralice el Consejo ya que la adecuación llevaría más que los seis meses indicados por la Corte.
Los cambios que se deberían generar sobre la composición actual sería agregar a la composición actual, 2 legisladores nacionales (de la tercer fuerza política de cada Cámara), 2 abogados, un juez, un académico y se reincorpora la figura del Presidente de la Corte como el conductor del cuerpo. Sin embargo, los consejeros y consejeras le elevaron una solicitud al ejecutivo para que envíe a las sesiones extraordinarias el proyecto de modificación del organismo que tiene preparado con el fin de no cambiar de estructura tres veces en un año -en caso de adecuarse al fallo y, si se aprobase la iniciativa oficialista, volver a modificar la conformación.
UNA CIUDAD BIEN AUTÓNOMA
Otro de los puntos en que la Corte tuvo injerencia fue el fallo que le brindó a la Ciudad de Buenos Aires niveles de autonomía comparables con los de las otras 23 provincias. El mismo se dio tras el conflicto por las medidas de cuidado sanitario que impulsaba el Gobierno nacional durante los primeros meses de este año, principalmente en materia de educación por la vuelta presencialidad.
FONDOS COPARTICIPABLES: UNA DISCUSIÓN FEDERAL
A menos de un mes ingresar en la feria judicial, otro de los puntos que marcó la agenda judicial este año fue el fallo del máximo tribunal que decretó que el Estado nacional debe de volverle a la provincia de Santa Fe fondos coparticipables por unos 80 mil millones de pesos retenidos indebidamente, según un fallo emitido por la misma Corte 2015.
Aparte del impacto económico, lo destacado de la definición es que sienta precedente que podría influir en los reclamos similares que tienen Córdoba, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires de Rodríguez Larreta.
FARMACITY, UNA EMPRESA SIN NEGOCIO EN PBA
A mitad de año se conoció el rechazo a la instalación de locales de la empresa Farmacity en la provincia de Buenos Aires dejando de lado la normativa bonaerense que impide el funcionamiento de farmacias a nombre de sociedades anónimas. Fue una definición de alto impacto que llevaba un tiempo dando vueltas en la justicia nacional y llegó luego de la convocatoria a audiencias informativas en las cuales pudieron opinar y argumentar ambas partes y contestaron las preguntas de los ministros de la Corte Suprema.
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