A seis años de la detención de la dirigente social
Milagro Sala, un grupo de abogados y trabajadores de la Justicia pide la intervención del Poder Judicial de Jujuy y cargan contra el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. Se trata del espacio
"Palabra Justa", integrado por dirigentes como J
uan Grabois, Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Graciana Peñafort, Alberto Binder y Gabriela Carpineti.
"Entendemos que existen suficientes fundamentos jurídicos, políticos e institucionales para la procedencia de una intervención federal del Poder Judicial de la provincia de Jujuy por parte del Congreso de la Nación", afirman.
Por medio de un comunicado, apuntan contra los diferentes magistrados y los acusan de que la estructura de poder jujeña está "corrompida" por los manejos "discrecionales" del Poder Ejecutivo que lidera actualmente el máximo mandatario perteneciente a la Unión Cívica Radical. Por esa razón, solicitan la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy por parte del Congreso de la Nación. Esto se debe a la constante persecución y hostigamiento del gobierno provincial contra referentes sociales y dirigentes militantes, no respetando garantías y derechos.
"Desde Palabra Justa -espacio y encuentro de profesionales comprometidos con la justicia y abogados/as militantes por un nuevo poder judicial y un mejor servicio de justicia-, consideramos imperioso compartir con la ciudadanía información que revela que la estructura de poder corrompido que describe a la justicia jujeña y pone en evidencia las influencias y manejos discrecionales del PE en manos de Gerardo Morales", denuncian. Y suman: "Así, cínicamente, quienes desbordan sus discursos hasta el hartazgo en defensa de la 'República y la independencia de poderes', resultan a la postre sus principales agresores".
Al mismo tiempo en el comunicado vuelven a insistir y exigir por la liberación de Milagro Sala y al mismo tiempo "el cese de la persecución a la militancia" en Jujuy.
"Queremos clarificar los hechos (...), no solo de la detención ilegal y arbitraria de la compañera sino también de la vulneración y el deterioro del Estado de Derecho en Jujuy a través de la actuación de quienes ejercen las máximas responsabilidades en la función judicial y fiscal", apuntan.
MORALES Y LA JUSTICIA
El 17 de diciembre del 2015, por propuesta del Poder Ejecutivo liderado por el gobernador de la UCR, aprobó la conformación del Superior Tribunal de Justicia. Está conformado por nueve (9) integrantes, de los cuales algunos de ellos fueron parte de los legisladores que votaron dicha nueva composición. Es decir, eran diputados radicales que respondían al mandato de Gerardo Morales. Entre los mencionados por el espacio
"Palabra Justa" aparecen: Beatriz Altamirano -diputado radical que votó por la ampliación del tribunal y al día siguiente juró como jueza-, Pablo Baca -diputado radical que también votó a favor, estando denunciado por abuso sexual y tras renunciar, fue devenido en juez- y Clara de Langhe de Flacone -funcionaria durante la dictadura cívico militar en San Pedro de Jujuy, legisladora radical, fue denunciada por apropiación de una menor y hoy también es jueza-.
Los últimos tres nombrados son: Federico Otaola -candidato a vicegobernador, fue denunciado por manipulación del sistema informático de distribución de causas y también, actualmente, es juez-, Laura Nilda Lamas -no ocupó escaños, también manipuló al sistema informático de causas-, Ekeel Meyer -último en ingresar, militante radical, fue diputado y ministro de Seguridad siendo responsable de la detención de Sala; también creó la oficina de inteligencia y persiguió a otros dirigentes-.Jenefes, González, Del Campo y Bernal responden a los principales socios comerciales de Morales (Fellner, Rivarola y Jenefes).
¿QUÉ ES EL MPA?
El
Ministerio Público de la Acusación (MPA) fue creado el 18 de diciembre del 2015 -un día después de ampliarse el Superior Tribunal de Justicia-. Se trata de un organismo inconstitucional que busca bloquear las causas contra funcionarios, socios y familiares del gobernador Gerardo Morales mientras que, a su vez, persigue a quienes son contrarios a su gobierno. Es decir, la Gestapo que no logró llevar a cabo el Ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, durante su gestión en la provincia de Buenos Aires.
Su titular es el fiscal Sergio Lello Sánchez.
"Multidenunciado por violencia intrafamiliar, de género, laboral, por delitos contra la administración pública", enumeran desde "Palabra Justa" para describir un prontuario repleto de puntos discutibles. Según la denuncia llevada a cabo por el espacio de abogados, "desde allí salen las operaciones de inteligencia en coordinación directa con el Ministerio de Seguridad".
Es clave remarcar que crear órganos y funcionarios especiales para perseguir a referentes de organizaciones u opositores debe ser penado por la Constitución ya que viola todos los principios y garantías procesales más elementales, no respetando la justicia, la democracia o la igualdad ante la ley. Ante esto, durante el año pasado, Eugenio Zaffaroni señaló que los jueces jujeños están aplicando "un derecho penal vergonzante en el marco de una verdadera guerra jurídica" comandada por Morales.
Al mismo tiempo, más allá de lo mencionado, "Palabra Justa" remarca las graves violaciones a derechos fundamentales como la defensa en un juicio o el mismo acceso a la justicia. Esto, lógicamente, marcaron tal trascendencia que el caso llegó a organismos internacionales de protección de DD.HH. como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos nacionales de control en relación a cómo fueron las condiciones de su detención.
Para cerrar, destacan que en dicha provincia
"no se encuentran garantizados ni la forma republicana de gobierno, ni la división de poderes y (...) se encuentra debilitado el sistema democrático", mientras que por otro lado hacen una mención especial a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación (CSJN) "la cual en dos años, desde que tiene competencia sobre la situación (...), nada ha resuelto" a pesar de las reiteradas denuncias de diferentes organismos.
