14.02.2022 / Gatillo fácil
Crimen de Lucas González: la familia pide remover al juez de la causa por frenar la investigación
Los padres del adolescente asesinado por la policía en Barracas, junto a su abogado Gregorio Dalbón, presentaron ante el Consejo de la Magistratura la denuncia contra el juez por mal desempeño y prevaricato. Las razones y el caso de la funcionaria porteña apuntada por encubrimiento.
Con los últimos pasos de la investigación empantanados, la familia de Lucas González, el adolescente asesinado a balazos por la Policía de la Ciudad a finales del año pasado, presentó junto a su abogado, Gregorio Dalbón, una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez de la causa por mal desempeño de sus funciones y prevaricato, con el objetivo de iniciar su juicio polític y removerlo.
El abogado Dalbón denunció en su escrito por "mal desempeño y prevaricato" a Del Viso, a quien venía advirtiendo ante cada posibilidad de diálogo con los medios posible, luego de que el magistrado rechazara los pedidos del fiscal del caso, Leonel Gómez Barbella, para la detención de otras cinco personas por el encubrimiento del hecho y negara el procesamiento de dos oficiales que fueron liberadas por falta de mérito. Entre las personas apuntadas por el integrante del Ministerio Público estaba una funcionaria porteña.
Puntualmente Gómez Barbella había solicitado la "inmediata detención" inmediata detención de Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Pablo Daniel Granara y Lucas Damián Evaristo Varas. Pero también de la abogada Silvia Alejandra Ozón, Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad, según el expediente.
El fiscal también solicitó nuevamente los procesamientos de las policías Lorena Miño y Micaela Fariño al presentar el informe final del peritaje odorífico, el cual indicó que habían manipulado la réplica del arma hallada en el auto de los adolescentes.
“Mientras se llevaba a cabo el encubrimiento y hasta que la Policía Federal Argentina se hiciera cargo (desplazando a la Policía de la Ciudad por orden judicial, ndr), las máximas autoridades policiales y ambas abogadas siempre mantuvieron intención y voluntad de sostener la falacia del enfrentamiento armado”, enfatizó el fiscal, antes de concluir: “Más allá de conocer acerca de la inexistencia de ese ataque a los efectivos policiales, permitieron continuar con esa hipótesis del caso y que se aporte falsa información y de ese modo que se prive de la libertad ilegítimamente a los menores que habían sufrido la agresión arbitraria”.
De la transcripción del celular de Granara en diálogo con Cuevas al día siguiente le dice: “Lo que hicieron los polis no tiene nombre”; “unos dementes”; “Encima le ponen una pistola de juguete”; “Dejate de joder”. Y poco después agrega: “En estos momentos tienen que estar en Paraguay”, a lo que Cuevas contestó “Yo fui el primero en llegar”; “Y vi todo”; “Lo que hicieron”.
EL ROL DE LA FUNCIONARIA PORTEÑA
La funcionaria apuntada por el fiscal Leonel Gómez Barbella - y por la querella de la familia de Lucas - es la Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad, la abogada Silvia Alejandra Ozón. Así figura en el expediente.
Está acusada de haber enviado a una subalterna, Verónica Andraca, al lugar en el que fue asesinado Lucas para “emprolijar” la escena, intentando simular un enfrentamiento armado que nunca existió. De allí se desprende, entre otras acciones ilícitas, el arma de juguete que colocaron en el auto en el que el adolescente se trasladaba junto a sus amigos.
Voceros del gobierno porteño hicieron trascender que Ozón “no es personal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad” sino “personal civil de la Policía de la Ciudad y depende de la División Asuntos Penales y Contenciosos de la fuerza” y añadieron que “este cuerpo interviene cuando un efectivo policial se ve involucrado en un hecho", ya que "tiene como función el asesoramiento legal del uniformado, que puede optar por usarlo o no”.
El problema de la versión, al menos hasta este mediodía, es que en el expediente judicial Ozón figura como “Jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad”. “Se ha logrado probar con los alcances de esta instancia que Silvia Ozón le ordenó su intervención a Verónica Andraca (quedó establecido que no lo hizo por una cuestión personal o unilateralmente)”, sostiene la acusación.
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