21.02.2022 / Fondo Monetario Internacional
Claves y puntos principales del acuerdo con el FMI: gasto público real, jubilaciones, dólar y salarios
El entendimiento con el Fondo explicita que el gasto público real subirá y señala que los salarios estatales lo harán en términos reales. Ratifica la actual fórmula jubilatoria y prevé el estudio de los regímenes especiales, como el diplomatico y el de los jueces.
“Las mejoras en las finanzas públicas se lograrán a través de un paquete equilibrado de medidas de ingresos y gastos, mientras se garantiza que el crecimiento del gasto (después de excluir el gasto extraordinario de COVID) siga siendo positivo en términos reales”, explicita el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera acordado con el fondo. Dos párrafos más abajo lo ratifica: “Dentro de nuestro enfoque balanceado de la política fiscal, estamos comprometidos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y mejorar la eficiencia y progresividad del mismo, particularmente en las áreas de asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública”. Alberto Fernández podrá mostrar el logro en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y a la vez le permite centrar la discusión interna en los destinos de las erogaciones -un tema siempre opinable- y ratificar su posición de apuntar al crecimiento con inclusión social.
La rebaja de subsidios a los servicios públicos y la suba del gasto de capital prácticamente se compensan. Los subsidios caen un 0,6% y el gasto de capital sube un 0,5%. Respecto al tema previsional, principal gasto del Estado, el acuerdo explicita que “el gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020”. Se refiere al que rige actualmente, tomado del que utilizaba Cristina Kirchner. Y agrega: “Sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, enfocándose, en la evaluación de los regímenes especiales previsionales”. En el futuro los jueces y los diplomáticos podrían perder sus privilegios. Y el ministro de Economía, Martín Guzmán aseguró a través de Twitter que “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”.
No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley.
— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) February 21, 2022
En tanto el presidente Alberto Fernández dijo al respecto que no acordó estudiar los regímenes previsionales docentes. “La diferencia es muy grande y no es para docentes”, resaltó. Al tiempo que en un audio enviado a El Destape Radio, el mandatario explicó que “de lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están los embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces, pero creo que deberíamos avanzar más. Lo mismo con los embajadores”.
El tema central de lo que el gobierno se compromete a estudiar es cuando habla de “los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Una gran parte de las personas en edad de jubilarse y que hasta ahora debían hacerlo obligatoriamente, si tienen la oportunidad, seguirán trabajando porque ganan mucho más que jubilándose. Así, esas personas mayores ganarán más y el Estado gastará menos. El problema de estos sistemas es que deben realizarse en un contexto de crecimiento del empleo para que no se transformen en un tapón para el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Es decir, para que la idea cierre, el gobierno deberá asegurarse de mantener un crecimiento económico que le permita generar empleo.
El otro artículo importante es el referido a la masa salarial de empleados estatales. El acuerdo asegura una suba real ligada al crecimiento económico. Mientras que respecto a la recaudación, más allá del incremento que pueda surgir del crecimiento económico, el acuerdo prevé un revalúo del precio de las propiedades. “Se esperan mejoras adicionales para garantizar que las valoraciones de las propiedades inmuebles reflejen mejor sus valores reales. Para ello, en estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1 por ciento del PIB para el año fiscal 2022 y un 0,2 por ciento adicional del PIB durante los próximos años”, señala el acuerdo.
Por otro lado, el memorándum estima una mayor recaudación por eficiencia del ente recaudador: “En el área de administración tributaria, nuestra agencia tributaria AFIP ha desarrollado un Plan Estratégico para el 2021-25, para abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar la prestación de servicios de la AFIP y fortalecer las capacidades de tecnología de la información. Publicaremos este plan a fines de marzo del 2022. En este contexto, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, desarrollaremos un plan de acción detallado y con plazos definidos, centrado en identificar brechas de cumplimiento y mejorar la gestión de riesgo de cumplimiento de impuestos y aranceles aduaneros internos. Los rendimientos de estas reformas administrativas podrían alcanzar el 1 por ciento en el mediano plazo y comenzar a dar frutos a partir del próximo año en el orden del 0,3 por ciento del PIB neto de coparticipación".
ACCESO AL FINANCIAMIENTO
En resumen la clave es el acceso al financiamiento. El Gobierno ultima detalles en función de las necesidades de balanza de pagos, pero sobre todo de la importancia crítica de acumular reservas al comienzo del programa. De otra forma, entienden, gran parte de la gestión correría el riesgo de naufragar. La discusión es sobre el escalonamiento de esos desembolsos. Cuanto mayor la suma al comienzo, más chance de no tener que andar peleándose que los negociadores del FMI cada tres meses. A contramano de lo que se presupone, habrá una árida mecánica de seguimiento en el cumplimiento del programa comprometido con el FMI. Guzmán ha acordado con los negociadores del organismo una larga serie de mecanismos que dejan entrever una exigente estructura de control y supervisión, una especie de garantía de cogobierno de aquí en adelante con la Casa Rosada.
Sabido es que el programa se supervisará mediante revisiones trimestrales y acciones previas. Pero el dato que hasta ahora no se tenía presente es que habrá “criterios de rendimiento cuantitativos, objetivos indicativos y puntos de referencia estructurales”. El FMI le ha exigido a Guzmán que deje todo escrito, un verdadero contrato con cláusulas estipuladas que no permitan discusión alguna sobre el éxito o fracaso de las metas establecidas. Para eso se incorporará en el documento que se enviará al Congreso los criterios de rendimiento cuantitativo y continuo y los objetivos indicativos, pero los especificará con más detalle en el denominado “Memorándum de Entendimiento Técnico” que trabaja por separado. Las acciones previas, junto con los puntos de referencia estructurales propuestos, también se exponen.
En el marco de los objetivos fiscales anunciados, el Gobierno se comprometerá a cuidar un “piso” del saldo primario que será acumulativo, pero también sujeto a ajustes por gasto de capital y social. También se comprometerá a no acumular “atrasos” en pagos de deuda externa. Se incluye un compromiso de “límite cero” en el endeudamiento con garantía, incluido el endeudamiento a través de repos con garantía de títulos públicos argentinos, contraído por el gobierno federal, los gobiernos provinciales o el BCRA. Pondrá también objetivos monetarios, un límite mínimo de la variación de las reservas internacionales netas no obtenidas en préstamo y un límite máximo del crédito del Banco Central al gobierno.
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