30.03.2022 / Relaciones internacionales
El argumento clave que legitima el "impuesto a la fuga" para pagar al FMI y el rol de Cristina ante EEUU
El proyecto que aunó al Frente de Todos y que busca encontrar fondos fugados durante el macrismo para gravarlos y usar ese dinero para pagarle al FMI adquiere potencia y argumento en la foto de CFK con el embajador de EEUU y la necesidad de reciprocidad en la FATCA, una normativa de ese país. De qué se trata.
La iniciativa materializada a través de dos proyectos de ley que presentó el Frente de Todos en el Congreso para encontrar recursos por unos USD 420 mil millones fugados durante el macrismo por evasores, blanquearlos y gravarlos con un impuesto con el que se espera recaudar alrededor de USD 70 mil millones para pagarle al FMI encuentra mayor potencia y legitimidad en la relación entre una normativa de los Estados Unidos y la reunión de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho con el embajador de ese país, Marc Stanley.
Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 28, 2022
La pregunta, que antecede a la primera respuesta casi instintiva que indica que la búsqueda fue de apoyo del país más influyente del mundo, es: ¿Qué argumento interpuso la presidenta del Senado para pedirle "colaboración" al representante del gobierno de Joe Biden en la Argentina?
Una posible aproximación a esa respuesta y la importancia del encuentro entre Cristina y Stanley para legitimar la idea de blanquear fondos fugados y colocarles un impuesto para pagarle al FMI es la FATCA.
La Foreign Account Tax Compliance Act (de allí la sigla FATCA, o denominada en su traducción al español como Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero) es la clave - como expuso Ámbito en un artículo de Gabriel Morini - tras bambalinas del encuentro entre la expresidenta y el diplomático porque se trata de una legislación que los Estados Unidos sancionó en 2010 y exige a entidades financieras extranjeras de todo el planeta darle información y detalles bancarios de cuentas de clientes ciudadanos estadounidenses.
Así las cosas, el foco de los pedidos de Cristina al embajador el lunes para que se trasladen a la Casa Blanca son “reciprocidad” en el intercambio de información y “masividad”, de manera que los datos anuales fluyan automáticamente y se permita así detectar personas físicas o jurídicas argentinas que hayan constituido activos como titulares o beneficiarios finales y no, eventualmente, tener que reclamar caso por caso.
El IRS - organismo recaudador de los Estados Unidos - determina que la información que podría recopilar para ese intercambio es a nivel federal, lo que incluiría la actividad de los “trust” centrada en Delaware, Dakota del Sur, Alaska, Florida o Nevada, de acuerdo a la tabla de opacidad financiera que recopila una ONG como Tax Justice Network.
El proyecto del FDT, entre otros argumentos, fundamenta un recuento de todas las acciones de las gestiones kirchneristas para implementar acuerdos de transparencia fiscal. En un "decilo sin decirlo" queda claro que no hubo mucha acción en los últimos años.
Así las cosas, y a falta aún de detalles que agreguen o quiten aplicabilidad, la iniciativa del Gobierno suma luz bajo la idea de lograr un acuerdo de estas características que vuelva operativo y recíproco el FATCA para la Argentina. Además, quita pericia a la fake news de la oposición respecto de que se trata de un nuevo impuesto, ya que a las claras es más bien un nuevo blanqueo de capitales que busca interponer una renta mínima para crear un fondo especializado para pagar la deuda con el FMI.
Por eso, parte de la reunión de Cristina con Stanley debe haber tenido un capítulo de recuerdo respecto de que la Argentina y Estados Unidos firmaron el 23 de diciembre de 2016, cuando gobernaba Macri, el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria que permitiría avanzar en una negociación que quedó pausada desde hace casi 6 años.
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