20.04.2022 / ENTREVISTA PA

La propuesta de Barcesat para el Consejo: "Habría que favorecer la incorporación de un sector del pueblo"


El abogado se refirió al conflicto acecido por la autoproclamación del ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti como presidente del Consejo de la Magistratura. También manifestó sus inquietudes respecto del rol de la oposición. "La actitud es golpista y ponen un bloque de cemento en la rueda", expresó.

por Walter Sosa



En diálogo con Política Argentina, el abogado Eduardo Barcesat cuestionó de manera contundente las acciones llevadas a cabo por los representantes del máximo tribunal y la oposición en relación a la designación de las autoridades del Consejo de la Magistratura. Bregó por la democratización del órgano y lamentó que dirigentes como Elisa Carrió, “con un gran protagonismo en la Convencional Constituyente se presten a una bajeza ahora”.

- ¿Cómo observa la dinámica y las relaciones de fuerza en torno al Consejo de la Magistratura?

Desde el comienzo de este conflicto y más cuando se consuma ese golpe de estado institucional al que hicieron referencia el ministro de Justicia, Martín Soria, y el doctor Mena, he sostenido y compartiendo su opinión, es que se trata de un quiebre de lo que establece el art. 36 de la Constitución Nacional de dar obediencia a la supremacía de la CN y que establece que no solamente esos quiebres operan cuando hay un golpe de Estado militar clásico sino cuando también un poder con cierta legitimidad de origen apropia las facultades de otro poder, con lo cuál la Constitución deja de regir en la misma medida.

Hay que poner la atención en que la Constitución regula primero al Poder Legislativo, luego al Ejecutivo y finalmente al Judicial. Efectivamente allí reposa lo que es la voluntad política del pueblo de la Nación Argentina por su carácter multi-representativo.

Por eso, el acto que ha cometido la Corte es un acto de violencia institucional. La respuesta institucional correspondiente sería que el Congreso convocará a una Asamblea Legislativa para emitir una declaración poniendo a la Corte Suprema en la situación de que ella no puede legislar sobre una ley derogada hace más de 14 años y que tampoco puede emplazar al Congreso a que fije en determinado plazo una ley acorde a su fallo. Y además, que imponga por anticipado sanciones si esto no ocurre de que todo acto que emane del Consejo de la Magistratura será nulo y de nulidad absoluta insanable.

Y con ello, promover el juicio político por mal desempeño para enjuiciar y promover a los ministros de la Corte.

- Ahora bien, en lo que respecta al Senado, ¿Cómo tomó la decisión de los senadores oficialistas de romper el bloque en función de una mejor condición de representación en el Consejo?

Se absorbió la primera minoría y por ello se pudo proponer un candidato propio a partir de este fraccionamiento. Es una maniobra táctica que no cuestionó, pero mi propuesta siempre va a ser tomar el toro por las astas y la resolución institucional que la Constitución marca. Aún con la agudeza que se le puede atribuir a ese decisión, siempre va a ser en función del cumplimiento del fallo de la Corte.

- Se ha hablado mucho del equilibrio y representación, ¿Cuál es son los sustentos que tienen que propiciar estos elementos? ¿Dónde lo político - y con esto la posibilidad directa o indirecta de elegir a sus miembros – puede fomentar límites a la concentración de poder corporativo-judicial?

En la gestión de Cristina se estableció el proceso de democratización del poder judicial y con ello se aceptó una sugerencia, en el sentido de que tratándose el Consejo de la Magistratura un órgano político, no tiene que escapar entonces al articulo 1 de nuestra Constitución, de que nuestros poderes tienen que se representativos, federal y republicanos.

Se puede propiciar una reconfiguración del mismo y llenar el vacío que no puedo llenar la Convención del ´94, porque las fuerzas mayoritarias no se pudieron de acuerdo. Habría que favorecer la incorporación de un sector del pueblo, además de los estamentos de abogados y jueces, que evite ese tufillo de familias que tienen determinados intereses.

- ¿Pero esto implicaría necesariamente una reforma de la Constitución?

La ley puede aplicar la integración. Pero sería más conveniente hacerlo a través de una reforma constitucional.

- El tema es que se complica llegar al consenso…

Hay medidas que se pueden tomar en lo inmediato y hay otras a mayor largo plazo, y de mayor calado institucional que ya remitiría a una reforma que complete la tarea no finiquitada en la Convención del ´94.

- ¿Alguna reflexión respecto de la actitud de la oposición en torno a este conflicto? De hecho, ha habido mucha crítica respecto de la decisión del bloque de senadores oficialistas.

La actitud de la oposición es golpista y no solamente ponen palos, sino un bloque de cemento en la rueda. Evidentemente no le veo nada sano en términos institucionales. Lamentó que personas que se destacaron en la Convención Constituyente, como Elisa Carrió, estén en esta situación y se presten a bajezas mayores.