Se le acaba el tiempo, ya extremadamente dilatado, a Fabián "Pepín" Rodríguez Simón para seguir como prófugo con pedido de captura internacional: la Justicia de Uruguay rechazó su pedido de permanecer en ese país como refugiado político.
El ex funcionario y operador judicial de
Mauricio Macri escapó hacia territorio uruguayo para evadir a la justicia argentina, hecho por el que ya lleva 512 días prófugo. La negativa de la justicia del país vecino sucede mientras que, además,
el Parlasur se encamina a separarlo de su banca por considerar que incurrió en "graves actos de falta de decoro" y no debe seguir como miembro de ese cuerpo.
La justicia uruguaya ratificó así su decisión y no concederá a "Pepín" la chance de ser considerado "refugiado político" en Uruguay. Con esta decisión Interpol podría proceder a detenerlo, ya que cuenta con pedido de captura internacional, expedido por la justicia argentina.
Rodríguez Simón es requerido por la jueza
María Servini, quien lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional, además de decretar la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias, frente a la decisión del operador judicial macrista de negarse a declarar, escaparse y pedir ser considerado refugiado político en Uruguay.
La magistrada de Comodoro Py interpretó como "absolutamente improcedente" ese comportamiento, ajeno a sometese a derecho como cualquier ciudadano, y estimó que "parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación" que tramita en su juzgado.
"Pepín" es uno de los imputados en la causa por la llamada
"Mesa judicial" durante el gobierno de Macri. Abandonó el país el 8 de diciembre de 2020 y no se presentó cuando fue citado para una declaración indagatoria, por lo que la Justicia argentina lo declaró en rebeldía.
La determinación en Uruguay fue tomada por la jueza Adriana Chamsarian, que hace varios meses estaba revisando la solicitud. Lo que finalmente decidió es que Rodríguez Simón no reúne los requisitos necesarios para ser considerado un refugiado político.
Así, coincide con el de la
Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya, que el año pasado dictaminó que no existía ningún elemento que demostrara arbitrariedad y, por lo tanto, justificara esa condición. Con este nuevo fallo, no podrá abandonar Uruguay porque de lo contrario se activará el pedido de captura internacional.