05.05.2022 / Judiciales
Favor de Cámara Comercial a Macri por la causa Correo: suspendida la quiebra y define la Corte
La Cámara Comercial admitió un planteo de los Macri para dejar en suspenso la revisión de la quiebra del Correo hasta que la Corte Suprema resuelva si el Tribunal Superior de Justicia porteño puede intervenir en el caso.
La causa del Correo Argentino vuelve a caer en estado de parálisis a causa de la decisión de dos juezas de la Cámara Comercial que admitieron un planteo de la empresa de la familia Macri de dejar en suspenso la revisión de la quiebra decretada por la jueza Marta Cirulli hasta contar con una definición de la Corte Suprema acerca de si el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) es una instancia habilitada para revisar este caso, lo que podría impactar en las decisiones de la justicia nacional en general.
Entre las múltiples estrategias por lograr evitar el pago de su deuda millonaria y por consiguiente la declaración de la quiebra el Correo y su principal controlante, Socma, ensayaron diversos planteos entre los cuales especularon con la posibilidad de meter por la ventana al máximo tribunal porteño (el TSJ), donde lo primero que llevaron fue la recusación de la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquin, y la jueza Cirullin. El TSJ le dio señales favorables porque resolvió admitir su "competencia" pero se generó una disputa con la Sala B de la Cámara Comercial, que rechazó su intervención. En tanto atento a las vicisitudes el macrismo logró que la Legislatura porteña aprobara una ley a medida para darle superpoderes al tribunal en cuestión, en la medida en que la discusión por las facultades de los supremos porteños está en la Corte nacional desde mediados del año pasado. El 5 de julio la jueza Cirulli decretó la quiebra de la empresa, que cómo era esperable apeló pero quiere seguir estirando el proceso judicial como dé lugar y no pagar a sus acreedores, entre quienes se encuentra el Estado argentino.
LA OPOSICIÓN DEL PROCURADOR
A fines de agosto del año pasado, el procurador interino Eduardo Casal se opuso a las intenciones de la empresa. "No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia" dictada por la Justicia nacional, escribió. "La admisión de una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la Justicia nacional ordinaria modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación", algo que sólo podría ocurrir a través de una ley votada por el Congreso, especificó. Mientras tanto, los supremos no se pronunciaron todavía. Lo que diga Casal no es vinculante para ellos.
Asimismo, la sala B de la Cámara Comercial recibió un dictamen de la fiscala Boquin que pedía la confirmación de la quiebra y denunciaba multiplicidad de maniobras de vaciamiento del Correo que luego en una asamblea de Socma se visibilizó que se extendería a otras firmas del grupo. Sería un modo de alegar falta de respaldo para pagar la deuda que supera los 6 mil millones de pesos. Es así que la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, pidió también la extensión de la quiebra, lo que precisamente pondría a Socma en posición de tener que asumir las históricas obligaciones.
Por su parte la jueza Guadalupe Vásquez votó en disidencia. "El pedido de suspensión de la totalidad de las actuaciones no tiene sustento legal y se funda en la interposición de recursos locales, que fueron desestimados en forma liminar por esta Sala en tanto no se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico que rige los procesos concursales que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Comercial. Además, esa pretensión contradice uno de los principios fundamentales de los procesos universales de insolvencia, a saber, la celeridad, así como las reglas procesales previstas en la Ley de Concursos y Quiebras".
El oficialismo porteño ve en la corte de CABA un tribunal aliado. De hecho, tiene tres jueces "propios": Inés Weinberg de Roca fue la fallida candidata de Mauricio Macri a la Procuración General, Santiago Otamendi es el ex viceministro de Justicia de Germán Garavano, y Vivian de Langhe es a quien el expresidente le encomendó en sus tiempos como jefe del gobierno porteño la formación de las y los policías en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires.
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