23.06.2022 / Corrupción

Procesaron a Iguacel por corrupción en la licitación de autopistas mediante el esquema PPP

El ex funcionario de Macri fue acusado de favorecer a un grupo de empresas al extenderles, de forma irregular, la concesión de siete corredores viales que atraviesan 11 provincias.





El extitular de la Dirección de Vialidad Nacional del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado por sospechas alrededor de un proceso licitatorio de autopistas mediante el esquema PPP.El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 determinó que Iguacel pudo haber dañado las cuentas del Estado a través de la operatoria.

"Javier Iguael, con la asistencia de Stoddart (el ex jefe de jurídicos de Vialidad, Ricardo) y Belenky (el ex director ejecutivo del Occovi, Pablo), se interesó en los contratos de concesión analizados en miras a beneficiar a las empresas concesionarias, actuando de manera contraria a la prevista normativamente", dictaminó el juez Sebastián Casanello en el fallo en el que procesó, sin prisión preventiva, a los tres exfuncionarios.

Entre las empresas supuestamente beneficiadas por las concesiones extendidas de forma irregular se encuentra la empresa IECSA, en su momento vinculada a la familia Macri, y otras grandes empresas vinculadas a las obra pública.

La denuncia fue presentada en 2019 por Ana María Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, ante la Cámara del fuero.  En su momento sostuvo que a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales 1 a 6 y 8 de manera irregular e ilegal.

Esto beneficiaba a las empresas concesionarias y, además, perjudicó a la Administración Pública al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.

Los contratos con las concesionarias vencían el 21 de abril de 2016,  pero se utilizó una prórroga de doce meses para el vencimiento previsto y cumplido este último término, el 21 de abril de 2017, no se había “hecho nada en materia de licitaciones”. Iguacel firmó una resolución para volver a extender la continuidad operacional y las concesionarias continuaron percibiendo tanto los montos de las tarifas de peaje como los vinculados a obras de mantenimiento y ampliación.

Las imputaciones se dividieron en tres partes: la primera comprende las acciones realizadas en torno a la adjudicación del CV 7 al 3, la segunda se refiere a la prórroga irregular de los contratos de concesiones viales (el trámite administrativo que desembocó en el dictado de la Resolución 811/2017) y la tercera abarca el trámite licitatorio bajo modalidad de participación público-privada (PPP).

También fueron procesados por estas operaciones el extitular de Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, y los exdirectores ejecutivos del Órgano de Control de Concesiones Viales, Luis Pablo Belenky y Ángel Curto.