19.08.2022 / Sociedad

Beara: durísima carta de padres de víctimas contra la Justicia que absolvió ex funcionarios PRO

Los padres de Ariana Lizarraga, una de las jóvenes muertas por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara en 2010, comunicaron a la Justicia que no apelarán el fallo de los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti. "El poder judicial también nos mató a nosotros", expresaron.




Tras la absolución de casi todos los imputados, los padres de Ariana Lizarraga, una de las jóvenes muertas por el derrumbe de un entrepiso en el boliche Beara en 2010, comunicaron a la Justicia que no apelarán el fallo.

A través de una extensa carta, los padres de Ariana indicaron: “Hemos tomado la irrevocable decisión de no recurrir ante el tribunal de Casación la sentencia que consagró la impunidad de los funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómplices y máximos responsables de la muerte de nuestra hija y de su mejor amiga, Leticia Provedo”.

Ambas jóvenes, de 21 y 20 años de edad, murieron como consecuencia del derrumbe de un entrepiso en el local, que en los hechos funcionaba como una suerte de Cromañón en escala. El lugar estaba habilitado para fiestas privadas pero la investigación determinó que había shows en vivo, baile y se cobraba entrada a los concurrentes.

El 23 de junio pasado, el tribunal oral número siete condenó sólo a los empresarios que regenteaban el boliche, a tres años de prisión en suspenso. Los ex funcionarios del gobierno porteño que por entonces encabezaba Mauricio Macri y policías federales que llegaron imputados a juicio fueron absueltos.

En ese contexto, explicaron la decisión de no apelar ni las condenas a penas de prisión en suspenso, ni las absoluciones de todos los funcionarios públicos, incluidos los policiales: “Ya no estamos en condiciones psíquicas de tolerar más injusticias. Hemos tomado la decisión de rendirnos ante una circunstancia claramente ineluctable”.

“No estamos dispuestos a seguir siendo cómplices de simulación de juicio, donde la tragedia de las víctimas continúe sucediendo como un acontecimiento menor frente al poder político de sus victimarios, funcionarios del gobierno de la Ciudad”, plantearon.

A los jueces Gabriel Vega, Gustavo Alterini y Alejandro Noceti, les dijeron: “En vuestras manos estuvo la última esperanza, el último intento de vencer a la violencia política que mató a nuestra hija”, y se despidieron confesándose “cubiertos en un manto de tristeza y desolación”

“Pedimos disculpas a nuestra hija. Ella bien podría cuestionar nuestra decisión y calificarla como debilidad. Tendría Razón. Quizá pueda entender que el poder judicial también nos mató a nosotros”, concluyeron la carta, que fue enviada dos días antes de que se conozcan las razones por las cuales los jueces suscribieron aquel fallo. 

Condenados y absueltos en el juicio por el derrumbe de Beara
En el proceso fueron condenados los empresarios Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Iván Fliess y Gustavo Amaru (maestro mayor de obras que avaló el entrepiso) a tres años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación. Resultaron absueltos el comisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, así como los funcionarios Martín Farrell, ex director General de Habilitaciones y Permisos; Pablo Saikauskas, ex director de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, ex jefe del Departamento de Esparcimiento e Isaac Rasdolsky, ex responsable de Verificaciones y Habilitaciones.

Maximiliano Fratino, co-organizador del espectáculo que se realizó la noche de la tragedia en el boliche; Agustín De Grazia, encargado de Beara; Leandro Camani y Matías Pantarotto, gestores de la habilitación, y Vanesa Ileana Berkowski, ex directora de Fiscalización y Control, también resultaron exculpados.

El fiscal Andrés Madrea –a quienes los padres le agradecieron su trabajo en estos 12 años, al igual que al abogado querellante, Daniel Llermanos- llevó adelante una compleja investigación en la que secuestró documentación que hablaba de “cometas” y consignaba incluso montos presuntamente pagados a funcionarios públicos.