06.09.2022 / Causa Vialidad
Vialidad: dos exfuncionarios señalan que no hay pruebas del delito que les imputan
Se trata de Mauricio Collareda y Héctor Garro exfuncionarios de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz. La defensa señaló que “no hay ni siquiera un indicio” de los supuestos delitos con las obras públicas y que los fiscales Luciani y Mola “presentaron hechos falsos o inexistentes”.
Defensores de dos exfuncionarios señalaron los fiscales no tienen pruebas para las acusaciones a sus representados, Mauricio Collareda y Héctor Garro. Especialmente la defensa de Garro, extitular de la Administración General de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz, formada por los abogados Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza, desmantelaron la acusación formulada por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La defensa de Mauricio Collareda, un exfuncionario de Vialidad Nacional con funciones en Santa Cruz desde 2008 a 2016, pidió hoy su absolución y negó que el también acusado empresario Lázaro Báez haya tenido "injerencia" en decisiones del organismo, dentro de la causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en esa provincia conocida como Vialidad donde también acusan a la Vicepresidenta Cristina Ferández de Kirchner.
"Es escandaloso e inaceptable" señaló el defensor de Collareda, Luis Alonso Martínez, durante el alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en referencia al pedido de seis años de prisión de su cliente y afirmó que "ni Báez ni nadie de su empresa tenía injerencia en Vialidad".
Además negó que el exfuncionario haya sido amigo del dueño de Austral Construcciones y resaltó que la maniobra que se analiza en el juicio "no está probada". "La única solución posible es la absolución", sostuvo en ese sentido.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido en su alegato condenar al exfuncionario de Vialidad Nacional a seis años de cárcel por haber omitido el control de las adjudicaciones de 51 obras a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones.
En su acusación señalaron que Collareda debía ser "los ojos" de Vialidad Nacional en Santa Cruz y que habría "cumplido a rajatabla la orden de beneficiar a Báez" como parte de la supuesta asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015, según el alegato acusador.
Pero la defensa remarcó que Collareda "no tenía ninguna afinidad con el empresario Lázaro Báez" y aseguró que "nadie" del "entorno empresarial" de Báez tenía "injerencia en la gestión del distrito 23", la jurisdicción Santa Cruz de Vialidad Nacional.
Fragueiro y Salvarezza, los abogados de Héctor Garro, el otro exfuncionario de Vialidad acusado, abrieron la etapa de alegatos defensistas y aseguró que la fiscalía "violó la Constitución" al mantener la acusación sobre hechos ya juzgados aludiendo a una causa penal que se llevó adelante en la Justicia de Santa Cruz y que concluyó que no hubo delito.
En ese sentido, señalaron que los fiscales acusaron a Garro por hechos ocurridos cuando ya no era funcionario; por obras que no se adjudicaron a Lázaro Báez sino a empresas competidoras y, sobre todo, porque ni una sola de las obras que se le cuestionaron a Garro fue financiada por el Estado nacional.
Es decir, no existió la administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional, porque no se afectaron fondos de nacionales. El dinero lo aportó la Provincia de Santa Cruz y pasó por todos los pasos: los presupuestos los establecieron los organismos provinciales, hubo decretos de los gobernadores, la gestión luego la aprobó el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz, la Fiscalía de Estado y hasta el Poder Judicial santacruceño.
Fragueiro y Salvarezza describieron cada una de las nueve obras que -según los fiscales- fueron licitadas durante los seis meses -de octubre de 2005 a marzo de 2006- en que Garro estuvo en su cargo y que, supuestamente, beneficiaron a Lázaro Báez.
El ex funcionario participó en una y media de esas rutas y de las nueve mencionadas por los fiscales, dos de las obras fueron adjudicadas a Adelmo Biancalani e Hijos, cuando la firma no era de Báez, y a Kank & Costilla, cuando tampoco era de Báez. En ese momento eran competidores. También, los fiscales acusaron a Garro por otra ruta que fue adjudicada a Equimac, otro competidor de Báez. Estas son cuestiones que simplemente salen de la lectura del expediente, algo que Luciani y Mola no pudieron hacer correctamente.
Los fiscales también dijeron que Garro autorizó ampliaciones de presupuesto para hacer canteras de las que extraer el material de las obras y luego hacer un buen tratamiento de esos lugares. La defensa mostró que todo eso se hizo después que Garro dejara el cargo y se hizo bien. Y luego tiraron abajo otras acusaciones, por ejemplo, señalaron que no se podía tener el mismo director técnico para varias obras.
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