Este lunes comenzó el alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, su abogado defensor,
Carlos Beraldi, criticó la “indebida intromisión” del gobierno de Mauricio Macri en la Justicia y aseguró que “quedó demostrado” que la acusación de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani “es falsa” y “sin fundamentos”.
“El alegato de los fiscales buscó obstruir la verdad, oponerse a las pruebas y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en el 2008, que venía siendo repetida por todos los medios de comunicación, pero no se puede hacer eso desde una instancia judicial porque no es lo que la gente espera de nosotros”, comenzó sus alegatos Beraldi.
Y señaló:
“No se puede hablar de prueba contundente porque la prueba haya sido pesada, en gramos, jamás se hace eso”, en referencia a una declaración del fiscal Luciani, que durante su alegato aseguró que existen "tres toneladas de prueba" para incriminar a Cristina Kirchner. “Llegó el momento de la verdad y de que las cosas sean colocadas donde corresponde”, sostuvo Beraldi.
En ese sentido señaló que desde el inicio del proceso y “como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes".
El objetivo era "demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado", agregó.
Luego Beraldi comenzó a proyectar videos del alegato del Ministerio Público Fiscal para desacreditar sus principales puntos. Y
repasó cómo fue que se creó la causa con la denuncia del macrismo. En sus palabras, el objetivo era Cristina Kirchner -quien no se conectó a la audiencia por sus labores institucionales-, Lázaro Báez y Santa Cruz, ignorando las irregularidades detectadas contra otros empresarios, como el primo del ex presidente Mauricio Macri.
“Hubo una indebida intromisión del poder político en el trámite de las actuaciones", apuntó el defensor y señaló que “el juez Julián Ercolini había sido objeto, por no avanzar como se le estaba reclamando en su momento desde la oposición, de un pedido de juicio político, que se tramitó durante años en el Consejo de la Magistratura".
"Además, la esposa del juez ahora trabajaba como vocera del exministro de Justicia Germán Garavano", añadió.
En esa línea, el abogado defensor de Cristina planteó que "existe un largo recorrido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia acerca de cuáles son los límites que un poder tiene respecto de los actos que desarrollen los otros poderes" y citó al respecto un artículo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que "sostiene que 'no es posible hablar de la judicialización de la política ni de la politización de la Justicia'".
Beraldi recordó que Cristina Kirchner siempre se presentó en todos los expedientes para demostrar “con todos los instrumentos legales que todos los cargos eran falsos”. “En esa tarea que fue muy ardua empezó hace seis años, n
o bajamos los brazos en ningún momento, aún cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país. Ni creo que en el mundo”.
Como ejemplo citó las ocho indagatorias de CFK llamada por el juez Claudio Bonadio o un allanamiento en su vivienda, “violando todas las garantías”. También recordó que apuntaron a la familia de Cristina, “superando todos los límites”, puntualmente sobre Florencia Kirchner, “que como todos sabemos nunca desarrolló ninguna actividad política pero eso no fue ningún óbice para que se la estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud”, señaló el defensor.
Durante los alegatos el abogado hasta demostró que uno de los proyectos de presupuesto alternativo de la oposición en Santa Cruz fue presentado por Alfonso Prat Gay y tienen igual plantilla de obras que el que se pretende cuestionar en la causa. Además, incluye entre quienes aprueban el presupuesto, a Juan C Morán que al mismo tiempo es un denunciante que testificó en la causa.
“Después de casi tres años de audiencia se recogieron múltiples evidencias y quedó demostrado que lo que se decía allá por 2006 e incluso de mucho antes carecía de verosimilitud y las pruebas que se recogen en un juicio cuando se acredita se incorpora legítimamente destruye cualquier tipo de acusación por supuesto falsa y sin fundamentos”, señaló Beraldi en alusión a los juicios ya realizados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción.
Y añadió: “Pese a ello durante nueve jornadas escuchamos un alegato donde olvidándose de todo lo que se había sustanciado en el juicio, repitió las mismas acusaciones que se venían mencionando desde el año 2008 y luego de 2016 como si el juicio no hubiese existido”.
En la causa se juzgan supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 como adjudicaciones direccionadas en un 80 por ciento a empresas del también acusado Lázaro Báez, presuntos sobreprecios y falta de controles.
La vicepresidenta se enfrenta al pedido de 12 años de prisión de parte de los fiscales Luciani y Mola por asociación ilícita y administración fraudulenta, lo que desató una extensa vigilia en la puerta de su domicilio que culminó con el atentado en su contra. Tanto Beraldi como el otro abogado defensor, Llernovoy, exigirán la absolución de la expresidenta.
Tras el alegato de la defensa de Cristina, restarán las defensas de otros seis procesados, entre ellos la del empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
Una vez que concluyan los alegatos, se abrirá una etapa conocida como de réplicas y dúplicas de las partes, para luego dar inicio a las últimas palabras y finalmente el veredicto. El proceso finalizaría recién en noviembre.
