No es algo nuevo ni desconocido que la situación habitacional en la Ciudad de Buenos Aires empeora cada vez más hacia el aglomeramiento y la precariedad. El crecimiento poblacional llevó a las familias en situación de vulnerabilidad a construir asentamientos que hoy ya son barrios populares. Tal es el caso de la mal llamada “Villa 31”, o “Barrio Padre Carlos Mugica”, que se originó en 1932 como un asentamiento informal posterior a la crisis del año 1929 y si bien no es el barrio con estas características más grande de la ciudad, es el más emblemático por su ubicación estratégica.
LA DEMOLICIÓN "POR ERROR"
El conflicto comenzó por una demolición por “error”, que sucedió el pasado 18 de enero, en el marco de un operativo llevado a cabo por la Unidad de Proyectos Especiales, área dependiente del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño.
Esta demolición generó un derrumbe en el que resultaron heridos tres obreros que quedaron atrapados en las viviendas y tuvieron que ser trasladados al hospital Fernández.
Además, fueron 30 familias las que quedaron en la calle, sin respuesta concreta del gobierno de Rodríguez Larreta. “Para derrumbar sus casas, les tocaron la puerta a los vecinos que estaban para advertirles que salieran con urgencia, ya que iban a demoler sus casas. Y salieron todos corriendo solo con lo puesto”, dijo Silvina Olivera, referente social del barrio.
Ante esta situación, el Ministerio Público de la Defensa tomó intervención en el caso. Se presentó una medida cautelar para que el gobierno reconstruya las viviendas o les proporcione a los vecinos afectados un lugar alternativo para vivir.
LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA
Fue el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 23 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, quien hizo lugar a dicha medida cautelar. En principio, le pidió al gobierno porteño un informe detallado de las viviendas afectadas por el siniestro de derrumbe. Dicho informe deberá incluir los datos de las edificaciones y de las familias que vivían en ellas. También ordenó la reconstrucción de las viviendas, para lo cual el jefe de Gobierno deberá presentar un plan de obras “cuya ejecución prevea una extensión no mayor a diez (10) días”.
Para el juez Roberto Andrés Gallardo, el gobierno porteño no dio “
ninguna respuesta satisfactoria, pronta, eficiente y eficaz frente a la gravísima situación de emergencia habitacional y de extrema vulnerabilidad social padecida por las familias actoras”. Por lo tanto, exigió que se proponga “un plan de emergencia habitacional que morigere la situación actual de carencia de habitación de las familias afectadas, sin alterar su unidad y con exclusión de las alternativas de subsidios económicos y/o paradores nocturnos”. También pidió que se garantice las necesidades de higiene, salubridad (como la provisión de baños químicos) y alimentación de las familias afectadas. De acuerdo a los plazos dispuestos por Gallardo, en los próximos días Larreta debería contar con el plan de obras y los plazos correspondientes para darles una respuesta a estas familias que quedaron sin un lugar donde vivir.
"Hablan permanentemente de la urbanización de la 31 y cuando provocan una situación, dañando a 26 familias, las soluciones dejan en evidencia que el Estado está ausente”, denunció Matías Barroetaveña, legislador porteño por el Frente de Todos luego de que las familias se quedaran sin hogar debido a la errónea demolición de la empresa Villarex S.A hace más de 10 días, continúan viviendo en carpas debajo de la autopista Illia. “El gobierno de la Ciudad dice que ya están en condiciones, que los vecinos se pueden mudar, pero las paredes están destruidas y el aire, por la cantidad de hollín que hay, no se puede respirar”, sostuvo Barroetaveña en una entrevista al diario Página 12. En un relevamiento realizado el viernes 25 de enero se determinó que las viviendas se encuentran “inhabitables", por consecuencia del derrumbe y posterior incendio.
LA RESPUESTA DEL GCBA
En este contexto, el Gobierno de la Ciudad les había ofrecido a los damnificados ir a un parador o un hotel sin tener en consideración que las personas no quieren abandonar sus pertenencias. “Siempre está el riesgo de que después no les permitan volver. Muchas veces los desalojos temporales terminan siendo permanentes”, dijo Barroetavaña. Y añadió:
"Deberían llevar adelante las limpiezas correspondientes para que estén habitables las casas nuevamente". “Hablan permanentemente de la urbanización de la 31 y cuando provocan una situación, porque la provocó el propio Estado por medio de una empresa que no cumplió con los protocolos que debería haber cumplido, dañando a 26 familias, las soluciones dejan en evidencia que el Estado está ausente”, concluyó Barroetaveña.
