La Corte Suprema de Uruguay rechazó el pedido de asilo político realizado por Fabian "Pepín" Rodríguez Simón, prófugo desde el 2020, el exfuncionario de Cambiemos quedó a un paso de ser extraditado a la Argentina. Qué debe ocurrir para que vaya preso.
Rodríguez Simón es investigado por el armado de la llamada
"Mesa Judicial" durante el gobierno de Mauricio Macri, encargada de presionar a los directivos del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y por la persecución a jueces y fiscales.
La jueza
María Servini, a cargo de la investigación,
solicitó en 2021 la extradición y el pedido de indagatoria de Rodríguez Simón, tras declararlo como rebelde. En aquel entonces también dispuso la inhibición general de sus bienes y el congelamiento de todos sus productos bancarios. Pero el exfuncionario macrista se refugió en el país vecino bajo la idea de una supuesta “persecución política”.
La Suprema Corte de Uruguay rechazó por “inadmisible” un recurso de casación de la defensa del hombre de confianza de Mauricio Macri contra los dos fallos que destruyeron su relato sobre una supuesta “persecución política”, y rechazaron su pretensión de convertirse en “refugiado”.
La decisión de la Corte uruguaya es del jueves pasado aunque se conoció ayer, el mismo día en que Rodríguez Simón estaba convocado a declarar como testigo ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, a la que no se presentó bajo el pretexto de estar tramitando su solicitud de refugio, que ya no podrá volver a invocar.
El rechazo al pedido de asilo político de Simón Rodríguez ahora posibilita que la Interpol lo detenga y lo extradite a la Argentina para ser juzgado por hostigamiento y persecución, ya que tiene una alerta roja.
QUÉ DICE LA CAUSA QUE INVOLUCRA A PEPÍN SIMÓN
Pepín Simón fue director de YPF durante el macrismo, en la causa ya dos vicepresidentes de la compañia fueron imputados por la persecución, que incluía u
n plan para apoderarse de la empresa petrolera Oil Combustibles a "precio vil", donde los principales operadoradores judiciales macristas fueron
Germán Vito Fernández Lahore, VP de Asuntos Jurídicos de la compañía, y
Santiago Martínez Tanoira, VP de Gas y Energía.
Ambos están imputados a pedido de la querella encarada por Fabián De Sousa, quien solicitó que no intervengan en las respuestas que se brindan desde YPF en el marco de la causa porque todavía tiene funciones en la petrolera de mayoría estatal.
Fernández Lahore y Martínez Tanoira habrían sido parte de las maniobras para apoderarse de los activos de Oil Combustibles, como parte de la persecución a la que fue sometida durante el gobierno de Mauricio Macri.
Pero además, según la investigación, un abogado externo ligado al todavía prófugo de la Justicia Pepín Rodríguez Simón cobró miles de dólares de honorarios de YPF por supuestas gestiones de intermediación y asesoramiento. Entre otras actividades.
Fernández Lahore es quien contrató en aquella época al letrado
Marcelo Rufino –del estudio Llerena & Asociados, donde también se desempeñó “Pepín”. Rufino participó en las negociaciones desde YPF por los activos de Oil Combustibles, cuando ya había sido declarada la quiebra de la petrolera.
YPF demoró más de 3 meses en aportar la documentación requerida por el Juzgado Federal N°1 de Capital Federal y, cuando lo hizo, omitió gran parte de los informes que se habían solicitado, por ejemplo. Las 23 facturas de Rufino por las que cobró un total de u$s270.000 por viajes a Nueva York y Madrid, en supuesta representación de la compañía estatal. Además, figura que Rufino se incorporó a el 19 de febrero de 2018, pero consta que el abogado cercano a “Pepín” prestaba servicios desde diciembre de 20186.
DÓNDE ESTÁ EN REALIDAD PEPÍN SIMÓN
El exasesor macrista y exdirector de YPF vive actualmente en
"La Barra", uno de los destinos más exclusivos del mundo, en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, donde tiene una casa de veraneo que en el último tiempo se convirtió en su residencia.
Hace 15 días, el 7 de marzo, fue localizado por la cámara del canal C5N cuando circulaba por el balneario uruguayo. También el exfuncionario tiene domicilios en la ciudad de Montevideo y, se sospecha, en otras localidades del país vecino.
