En el marco de la causa Vialidad, el fiscal federal
Diego Luciani y la defensa de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner apelaron este lunes el fallo que dictó en diciembre pasado el Tribunal Oral Federal 2.
Mientras que
Luciani pidió que se agrave la condena de la ex presidenta por el delito de asociación ilícita, cargo del que fue absuelta durante el juicio, la defensa de la Vicepresidenta a cargo del abogado
Alberto Beraldi, reclamó que se absuelva a Cristina de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta.
Así lo habrían planteado en sus escritos, Luciani lo hizo una presentación de 525 páginas y la defensa de Cristina Kirchner en otra de 395, según informó Infobae, fue previo al vencimiento del plazo que es el miércoles a las 9:30 horas. Las apelaciones deberán ser analizadas por la Cámara Federal de Casación Penal.
“La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, sostuvo su defensa. En tanto, la Fiscalía planteó que “las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita”.
Además de Cristina, el resto de los involucrados en la causa
-Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pave- pedirán a Casación, bajo distintos argumentos, que revoque la decisión.
Las condenas fueron dictadas en diciembre del 2022 por los jueces
Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
Durante la causa se analizaron las 52 obras públicas viales que las empresas de Báez habrían recibido para Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En el caso de Giménez Uriburu y Gorini el tribunal entendió que en no se dio el delito de asociación ilícita, aunque Basso votó que sí.
En su apelación Luciani, además de pedir que Cristina sea condenada por asociación ilícita, solicitó que
Báez, López y Periotti también carguen con ese delito. Además el fiscal
pidió que se revoquen las absoluciones de De Vido, Fatala y Garro.