La defensa de Cristina Fernández de Kirchner anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de lograr la anulación del fallo que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Gregorio Dalbón, uno de sus abogados, afirmó que la sentencia de la Corte Suprema es “ilegal, inconstitucional y arbitraria”, así como "una tomada de pelos".
En declaraciones a Radio Splendid, Dalbón remarcó que “en base a todas las irregularidades" detectadas se harán "todas las presentaciones que correspondan”. En ese sentido, aseguró que la resolución judicial en la causa Vialidad representa, a su entender, una condena política sin fundamentos jurídicos.
Entre los cuestionamientos específicos, el letrado destacó que la Corte Suprema no solicitó el expediente completo antes de emitir su resolución. “La Corte ni siquiera pidió la causa. No solo se la sacaron de encima rápidamente, sino que no tocaron el fondo de la cuestión. ¿Qué les costaba mirar la causa?”, planteó.
Además, fue contundente al decir: “No hay nadie que tenga duda de que fue una condena política y no jurídica. No hay nadie que tenga duda de que el fallo de la Corte es ilegal, inconstitucional y arbitrario. Nadie duda de las irregularidades que marcaron la sentencia".
Sobre la presentación, el letrado explicó que invocarán el Pacto de San José de Costa Rica al exponer los argumentos frente a la CIDH, y expresó su confianza en que el organismo interamericano intervenga: “Seguramente va a recomendar la anulación (del juicio), y si así lo, se va a anular”, subrayó. Recordó también, que desde 2020 las recomendaciones de estos organismos son vinculantes.
En paralelo, se pondrá en marcha una campaña de alcance internacional bajo el lema “Cristina Libre”, estrategia inspirada en la que se impulsó en 2018 cuando el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue encarcelado por una causa que luego fue anulada.
Con este procedimiento, el equipo legal de la expresidenta busca visbilizar internacionalmente la denuncia sobre el fallo y dar una nueva batalla jurídica, esta vez en el plano de los derechos humanos.