El diputado nacional de Juntos por el Cambio y ex jefe de campaña de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, entregó este martes su teléfono celular a la justicia federal en el marco de su eventual rol en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner que se investiga en una causa, aunque se negó a través de un escrito a que se perite con quiénes se comunicó y el contenido de dichos intercambios.
El aparato fue entregado en el juzgado de la jueza
María Eugenia Capuchetti por parte del abogado de Milman,
Manuel Barros. Este adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.
Acompañó la entrega del celular con una presentación en la que manifestó su oposición a que el mismo sea abierto en el marco de la causa en la que se investiga el intento de homicidio de CFK, hecho que está cercano a cumplir un año ya que ocurrió el 1 de septiembre de 2022.
La defensa de Milman argumenta que el análisis de su celular viola sus garantías constitucionales y requiere que se cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Desafuero.
El viernes pasado, la jueza Capuchetti informó a la presidenta de la Cámara de Diputados,
Cecilia Moreau, sobre la decisión de la Cámara Federal porteña de secuestrar el celular en el marco de la ley de desafuero. Barros entregó este martes el teléfono per advirtió que la decisión no puede ser considerada firme.
Capuchetti hizo que se guarde el celular bajo llave en la caja fuerte del juzgado mientras dure el trámite, con presencia de fuerzas federales de seguridad y testigos. La jueza volverá a informar de esta situación a la Cámara Baja.
Hay
dos elementos en espera, para que se pueda investigar con quiénes habló y de qué Milman durante esos días:
por un lado, a la espera de la revisión que pueda hacer la Casación, donde intervienen los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, de la orden del secuestro del celular. La otra incógnita es qué decidirá el Congreso en el marco de lo previsto por la ley de desafueros.
El artículo 1 de la ley de Fueros establece que "cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión".
"En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo (...) No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”, agrega.
La Cámara Federal decidió con votos favorables de
Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y la oposición de
Mariano Llorens hacer lugar al pedido del fiscal Carlos Rívolo, que reclamó el secuestro del celular de Milman después de que una de sus colaboradoras revelara que habrían borrado el contenido y que ese hecho sucedió a expensas de allegados a Patricia Bullrich.
Bertuzzi y Bruglia instruyeron a Capuchetti a secuestrar el teléfono pero garantizando la privacidad y atento a la gravedad institucional del hecho que se investiga. Llorens se negó con foco en que la ley de fueros no protege “solo la opinión de los legisladores, sino su trabajo, su despacho, el trabajo del cuerpo y en definitiva el funcionamiento normal del Parlamento”.
La expectativa de que pueda hallarse información útil para la causa en el teléfono de Milman es muy baja, entre otras cosas por el tiempo transcurrido desde el hecho, reconocieron los abogados de la querella cuando se hizo la audiencia en la que reclamaron que de todas formas se secuestrara.
EL CASO
El 1 de septiembre del año pasado,
Cristina Kirchner llegaba a su casa en el barrio de La Recoleta y saludó a la militancia que, desde que el fiscal Diego Luciani había pedido su condena a doce años de prisión, se había instalado en su casa para saludarla, polémica mediante entre Bullrich y la gestion porteña de Horacio Rodríguez Larreta alrededor del operativo de seguridad.
Entre el público, estaba Fernando Sabag Montiel, quien sacó de sus ropas un revólver y le apuntó a la cabeza. Gatilló pero el tiro no salió porque no había bala en la recámara. Estaba acompañado por Brenda Uliarte. El autor del intento de disparo fue atrapado por los militantes mientras la custodia no había advertido lo que había sucedido. CFK recién se dio cuenta cuando entro a su casa y lo vio por televisión.
Además de Sabag Montiel y Uliarte, su novia, está acusado del intento de homicidio su jefe en el emprendimiento de copos de nieve, Nicolás Carrizo, sospechado de ser un partícipe secundario. Los tres fueron enviados a juicio oral.
La atención de la querella en cuanto al caso de Milman tiene que ver con la pista que se abrió el 23 de septiembre cuando un asesor legislativo del Frente de Todos dijo que había escuchado, a 48 horas del ataque, a diputado de JXC diciéndole a dos jóvenes “cuando la maten yo voy a estar en la costa”.
Las mujeres, secretarias de Milman, fueron llamadas a declarar, negaron haber estado allí y dijeron que nunca habían escuchado eso. Luego, cambiaron la versión más de una vez. La querella reclamó el secuestro del teléfono de las testigos, algo a lo que Capuchetti se opuso.
Ahí también, por dos votos a uno, fue la Cámara Federal la que ordenó llevar adelante la medida. Las mujeres entregaron el teléfono avisando que una lo había borrado para proteger su privacidad e instigada por el entorno de Milman, en una oficina de Patrician Bullrich por un técnico de JXC, y la otra que había cambiado el equipo.
En mayo pasado, Ivana Bohdziewicz , una de las secretarias de Milman, reapereció en tribunales para pedir declarar diciendo que la había echado, que se sentía presionada por su ex amiga Carolina Gómez Monaco y deseaba revelar que el teléfono había sido borrado en unas oficinas de Bullrich en la Avenida de Mayo, durante una reunión en la que participaron Milman, Gómez Mónaco y un asesor tecnológico.
“Estaba preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban muy activos. Entonces decidieron borrar todo y yo accedí. No pensé que sería tan grave y que me afectaría hacerlo”, afirmó Bohdziewicz según la declaración.E insistió en que no se mencionó el atentado, o que ella no estaba al tanto.
También mencionó que el supuesto experto que borró el teléfono no lo hizo correctamente, pues al adquirir un nuevo dispositivo y colocar el chip, toda la información eliminada reapareció. También dijo que Milman también estaba allí manipulando su propio teléfono. En ese contexto, Rívolo pidió el secuestro del celular.