En lo que fue la primera parte de su primer informe de gestión ante el Senado, y su primera aparición pública en los casi seis meses de gestión que lleva Javier Milei,
el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ratificó que seguirá la "motosierra" de ajuste en el Estado y la educación pública, y que La Libertad Avanza buscará avanzar en la baja de la edad de imputabilidad, incluso quizás por debajo de los 14 años.
BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD
Posse confirmó que el Gobierno intentará que se avance con un proyecto de baja de la edad de imputabilidad, que todavía permanece en estado no público en cuanto a su texto y precisiones, pero que podría ser menor incluso a los 14 años.
"Un delito de adulto merece una pena de adulto", dijo el ministro coordinador durante su exposición en el Senado, donde brinda su primer informe de gestión, evento que entró en cuarto intermedio antes de las 14 luego de iniciar a las 11.
En las respuestas que mandó previamente a los senadores, el Gobierno se explayó sobre la cuestión: "El Ministerio de Justicia informa que el proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil reconoce el principio de especialidad. En este sentido se aclara que la organización del Poder Judicial es una atribución propia de las provincias, que deberán decidir sobre la creación de un fuero especial juvenil".
"En el ámbito de la Justicia Federal y de la Justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la sustanciación de los procesos penales comprendidos en la ley, el control de las medidas y la ejecución de las penas serán decididas por jueces, fiscales, defensores y órganos de capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal y con conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, las normas internacionales, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales superiores", añadió.
El proyecto prevé "establecer que el adolescente sea alojado en un instituto especializado de detención, que deberá cumplir una serie de principios generales y de orden internacional y nacional respecto a la dirección del establecimiento, características de la detención, capacitación del personal y contempla la separación de personas detenidas mayores de edad".
En esa línea ya se había expresado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró que en el Gobierno están debatiendo la baja de edad de imputabilidad. La funcionaria reveló que están armando un proyecto y "todavía se está discutiendo la edad: si es 14, 13 como en Uruguay o 12 como Brasil".
Además, Posse ratificó que presentarán una ley anti-mafia, como las que rigen en Estados Unidos e Italia.
MÁS MOTOSIERRA
En otro segmento, Posse confirmó la continuidad de la intención de la reducción del Estado, en sintonía con lo planteado en campaña por el presidente Javier Milei con la "motosierra" y en el denominado "Pacto de Mayo".
"Un Estado que se ha vuelto tremendamente ineficaz y que da servicios de muy mala calidad. En un esquema actual, que el Estado representa más del 40% del PBI. Queremos ir de manera gradual e inteligente, achicándolo, hacerlo más eficiente y bajar impuesto y llegar a niveles que entendemos razonables, como se plantea en el Pacto de Mayo, del órden de los 23 o 24 puntos del PBI", dijo el funcionario de Milei.
FONID CADUCADO Y EL AJUSTE A LAS UNIVERSIDADES, SIGUE
Además, el jefe de Gabinete ratificó y justificó la eliminación del FONID, los fondos que por ley el Estado nacional transfería a las jurisdicciones y que se sumaba al salario de los docentes, alcanzando alrededor del 10% del total.
Básicamente, Posse confirmó que no se repondrá ese programa y que el plazo de este fondo está "caducado". Según dijo, "las transferencias de las competencias educativas se hicieron en 1994, por lo que entendemos que las provincias deben hacerse cargo de estos temas".
"Al quedar sin efectos la norma establecida, se está estudiando de la mejor manera de asignar estos recursos. Los salarios quedan a cargo de cada jurisdicción", indicó, en una respuesta a la senadora de Rio Negro Mónica Silva.
En tanto, ante la pregunta del senador de la UCR por Catamarca, Flavio Fama, Posse marcó la postura del gobierno con respecto al presupuesto universitario y, sin novedades, ratificó que seguirá igual.
“Con respecto al presupuesto universitario, se acordó con las universidades levantar la emergencia. Se estaba afrontando un 70% en marzo y un 70% en mayo, también se hizo un adicional para los hospitales universitarios. Y entendemos, de manera clara, que la educación pública es un derecho y que auditar los gastos, financiados con fondos de todos los argentinos, es una obligación”, aseguró el jefe de Gabinete, en una continuidad de la idea que el Gobierno busca instalar acerca de que las casas de estudios rechazan las auditorías, cosa que no sólo no es seria sino que es potestad de Nación.
Además, sostuvo que "los programas de Ciencia y Tecnología van a seguir siendo financiados, obviamente atendiendo a las restricciones" y el "exceso de gasto, poniendo prioridad a eso”.
Sobre la posibilidad de una actualización de presupuesto, Posse mintió: “Fue una decisión de la administración anterior, la de no trabajar con un presupuesto para el año 2023. Estamos manejándonos dentro de lo que regula la ley”. La afirmación es falsa, dado que aquello no fue una decisión sino que el Congreso no dio lugar, en pleno proceso electoral, a votar la ley de leyes.
“Se imaginan que con los niveles de inflación que tenemos, el presupuesto del año anterior, en promedio, se está terminando en estos días. Claramente, si no estuviéramos haciendo reasignaciones, no estaríamos ni siquiera sentados acá”, sostuvo. El problema es que esas reasignaciones, en el caso de las universidades, involucran aumentos salariales para docentes en el orden del 16% contra una inflación cuatro veces superior, por ejemplo.
