El Gobierno irá tras la renovación de sus poderes delegados por decreto ante la falta de apoyo legislativo

A dos meses del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases, el Gobierno evalúa avanzar con una prórroga por decreto. Las atribuciones extraordinarias, que rigen desde la promulgación de la norma en julio del año pasado, permiten al Ejecutivo intervenir en áreas clave como la administración pública, la economía, las finanzas y la energía. Con la fecha de caducidad fijada para el 8 de julio, los equipos técnicos de la Casa Rosada ya analizan alternativas legales para extender su vigencia al menos por tres meses.

El oficialismo reconoce que es improbable obtener el aval del Congreso para prolongar esas facultades mediante una ley. “No estamos en condiciones de llegar a ese tipo de acuerdos”, admiten en la mesa política, en referencia a las tensas relaciones con los bloques aliados tanto en Diputados como en el Senado. La estrategia, entonces, apunta a reeditar el camino del DNU 179/2025, que habilitó el acuerdo con el FMI con la sola validación de la Cámara baja.

Para justificar una posible extensión por decreto, el Ejecutivo se apoya en el artículo 99 de la Constitución Nacional, que permite dictar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en casos excepcionales, salvo en materias penal, tributaria, electoral o partidaria. Además, se citaron antecedentes de la Corte Suprema, que definió como “excepcionales”: "La situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes”, explican.

No obstante, en el propio Gobierno admiten que la medida podría ser judicializada si se formaliza. “Está bajo análisis”, señalan en Balcarce 50, conscientes de que el artículo 76 de la Constitución impone límites precisos a la delegación legislativa: debe realizarse por un “plazo fijado” y “dentro de las bases” definidas por el Congreso. Aun así, el Ejecutivo insiste en que las reformas en marcha necesitan continuidad operativa.

Si finalmente se avanza con el decreto, su presentación deberá pasar por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, encabezada por el senador libertario Juan Carlos Pagotto. El oficialismo intentará blindar políticamente su tratamiento, consciente de que la prórroga de las facultades es clave para sostener su hoja de ruta hasta las elecciones de medio término, sin depender de un Congreso que hoy no le ofrece garantías.

En caso de conseguir la prórroga de las facultades delegadas por decreto, podrá avanzar con un ambicioso plan de reforma estatal impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Entre las medidas previstas figuran la eliminación de 24 organismos públicos, la fusión de 15 estructuras administrativas y la transformación de otros 16 entes.

Además, está en agenda la derogación de más de 40 leyes y la disolución total de los fondos fiduciarios, con una sola excepción: el fondo que subsidia el consumo residencial de gas. Estas acciones forman parte del proyecto de desregulación y achicamiento del Estado que el oficialismo busca ejecutar sin pasar nuevamente por el Congreso.

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