El Gobierno nacional prorrogó hasta el 9 de julio de 2026 el estado de emergencia energética, que abarca tanto la electricidad como el gas bajo control federal, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial y rubricado por el presidente
Javier Milei junto a todos sus ministros, donde también se reafirma la intervención sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y su par del gas (ENARGAS), así como el “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, en marcha desde junio de 2024, con el fin de profundizar la reconfiguración de los subsidios estatales y avanzar con reformas de fondo en los sistemas de electricidad y gas natural.
El argumento del Ejecutivo para extender la emergencia, es que todavía “persisten las condiciones” que dieron origen a la medida en diciembre de 2023. Entre otros puntos, se subraya la necesidad de asegurar inversiones en infraestructura crítica, cubrir con mayor precisión los costos reales del abastecimiento energético, y achicar el peso de los subsidios generalizados. “El nivel de cobertura alcanzado aún resulta insuficiente para reflejar plenamente los costos reales”, advierte el decreto.
En este contexto, se destacan los avances registrados en la cobertura del costo del gas destinado a la demanda prioritaria: pasó del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025, según el informe técnico que acompaña la normativa.
LAS CLAVES DE LA PRÓRROGA
Un punto sensible dentro de esta estrategia es la "limpieza" que quiere llevar adelante el Ejecutivo dentro del padrón de beneficiarios de subsidios energéticos, luego de haber detectado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) más de 1,5 millones de hogares que accedían a subsidios sin haberlo solicitado, y otros 370.000 casos vinculados a titulares fallecidos. Lo mismo sucedió con el Régimen de Zona Fría, el cual permanece en revisión por presuntamente incluir “zonas no justificadas por criterios climáticos” y a más de 137.000 beneficiarios con duplicación de beneficios.
El Decreto 370/2025 incluye, además, una reforma del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), con nuevas reglas de contratación previstas desde noviembre de 2025. Así, la administración pretende reducir las trabas regulatorias y sanear las cuentas del sector. En esa línea, se destaca la antigüedad del parque generador, las fallas en la red de distribución, y el bajo margen de seguridad del sistema de transporte.
Por otra parte, el Gobierno de Milei continúa con la apertura a inversiones privadas, con medidas como la habilitación de exportaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y la flexibilización de las ventas externas de hidrocarburos. También busca que las provincias coordinen con la Secretaría de Energía medidas de emergencia y acciones de reestructuración, aunque la Jefatura de Gabinete ya se adjudicó el poder de ajustar partidas presupuestarias según las necesidades del proceso.
El documento refuerza que el esquema de reforma energética seguirá su curso bajo principios de “gradualidad, previsibilidad, transparencia y focalización”, y advierte sobre los riesgos de interrumpir el régimen de emergencia, como “la interrupción de los mecanismos de contención de la deuda de distribuidores y la creciente exposición al incumplimiento de contratos con generadores”.