Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (UP) y Juan Manuel López (CC) presentaron hoy un proyecto de ley que ofrece un marco de protección a periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa, con el fin de garantizar el ejercicio libre y seguro de sus labores frente a los constantes ataques y riesgos a los que se ven expuestos cotidianamente.
“La actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.
“Esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”, agregaron los diputados firmantes al hacerse eco de la preocupación por la violencia del presidente Javier Milei contra periodistas.
Entre otros objetivos, la iniciativa busca “prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad” de periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa, “asegurar la protección de las fuentes periodísticas” e “investigar, juzgar y sancionar ataques, agresiones, amenazas o intimidaciones” contra ellos. Según precisa el proyecto, “el Estado tiene la obligación de generar un entorno propicio y seguro para el ejercicio de las labores” periodísticas y en ese sentido “deberá adoptar todas las medidas para prevenir las diversas formas de amenazas y ataques contra la integridad” de los trabajadores de prensa.
En particular, el texto establece que el Estado deberá “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y fotorreporteros”, y dispone que los “funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que los expongan a actos de violencia”. Además, exige realizar “campañas públicas en medios de comunicación y redes sociales que concienticen a la sociedad respecto de la importancia del libre ejercicio de la actividad” periodística y respetar “el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.
El proyecto precisa también que el Estado debe “asegurar el acceso a fuentes de información” de manera tal que “las autoridades públicas tienen la obligación de garantizar el acceso a documentos e información que obren en poder del Estado, incluidos sitios web oficiales, y garantizar la obtención de respuestas oportunas incluso en conferencias de prensa”.