07.07.2025 / REFORMA
A contrarreloj por el término de los poderes extraordinarios, el Ejecutivo asoma la motosierra sobre organismos ligados al agro
En las horas finales de las facultades delegadas, el Gobierno avanza con un decreto que recorta y centraliza entes clave del sector agroindustrial y productivo. La medida apunta a reducir el gasto público.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apura la firma de un decreto que estaría próximo a conocerse en las próximas horas, y que avanzará sobre la eliminación o reestructuración de al menos ocho organismos públicos con impacto directo en sectores productivos.
Entre las entidades que perderán su independencia figura el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que dejará de contar con personería jurídica y patrimonio propio para pasar a depender directamente de la Secretaría de Agricultura. Su consejo directivo se reducirá y se perderá el control sobre más de 300 agencias de extensión y 15 centros regionales, esenciales para la difusión tecnológica en el territorio.
En tanto, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) será absorbido por la Secretaría de Industria y Comercio, transformándose en una unidad sin autonomía presupuestaria ni capacidad para reinvertir los fondos que genera. La medida provocó fuerte rechazo interno, en tanto, provocaría alrededor de 700 puestos de trabajo, así como limitaciones en la asistencia a la industria.
Finalmente, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) perderá su fondo específico y será absorbido, también, por la Secretaría de Agricultura, mientras que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) será desconcentrado, reduciendo su capacidad administrativa. Por su parte, tanto la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo como la del Cannabis Medicinal desaparecerán, por tanto, sus funciones serán repartidas entre Agricultura y la ANMAT.
La decisión, enmarcada en el plan de ajuste del gasto público, genera preocupación entre los trabajadores. Según advierten desde la asamblea multisectorial del INTI, la transformación del instituto pone en riesgo cerca de 700 puestos de trabajo, mientras que en otros organismos se teme por el futuro del personal ante el recorte de estructuras y recursos.
Mientras tanto, crece la tensión entre rurales y Nación. Recientemente, la Federación Agraria Argentina (FAA) advirtió sobre “la asfixiante presión impositiva” que afecta al sector agropecuario y rechazó de plano la desarticulación de herramientas consideradas “imprescindibles” para los productores, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En respuesta a esta situación, la FAA anunció que a mediados de mes comenzará sus asambleas zonales de distrito, de las cuales surgirán propuestas para definir “acciones gremiales” en defensa de los pequeños y medianos productores.
Además, cabe recordar que las facultades extraordinarias otorgadas al Gobierno para avanzar con estas reformas vencerán el próximo 8 de julio. Por eso, el Ejecutivo corre contra el tiempo para que el presidente Javier Milei firme la resolución que oficialice la reestructuración de los organismos vinculados al agro e industria antes de que caduquen.
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