Sergio Ziliotto repudió el cierre de Vialidad: “Significa más abandono. Es despreciar a su gente”

La decisión del Gobierno nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, medida anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni en su última conferencia a horas del término de las facultades delegadas, provocó el pronunciamiento del mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, quien advirtió que la medida implica "más abandono" para las provincias y un desprecio hacia quienes "trabajan y producen" en la Argentina.

"Desmantelar vialidad es un castigo más al desarrollo federal", arremetió Zillioto. En esa línea, remarcó el impacto territorial que tendrá esta medida en provincias como La Pampa, donde las rutas nacionales ya están en un estado alarmante. "Ya denunciamos el estado crítico de nuestras rutas nacionales. Pedimos ayudar, recibimos solo silencio", cuestionó, y agregó que estas decisiones no responden a una lógica ahorrista, sino a la de “eludir responsabilidades”.



El cierre definitivo de Vialidad Nacional incluye también la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito. Sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con eje en la apertura de licitaciones privadas para la gestión de rutas. Según Adorni, esta reforma representa el fin de la corrupción en la obra pública: “La corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”.

El pamepano destacó que la infraestructura vial no puede ser tratada como un gasto prescindible: “Esto no es una decisión que ahorra. Es desconocer la Argentina real, la que trabaja y produce”, sostuvo el gobernador, que desde el inicio de la gestión Milei denunció un proceso de desfinanciamiento estructural hacia el interior del país. Para su administración, el cierre de Vialidad Nacional constituye un golpe más a la posibilidad de un desarrollo federal sostenido.

Además, consideró que la eliminación de este organismo esencial no solo representa un ajuste sobre los trabajadores del sector, sino también una amenaza directa a la seguridad vial, la competitividad de las economías regionales y la conectividad de las comunidades. “Es una agresión directa al desarrollo armónico del país”, afirmó, al tiempo que insistió en que el Gobierno nacional está “despreciando a su gente” con este tipo de decisiones.

Vialidad Nacional tenía bajo su responsabilidad más de 40.000 kilómetros de rutas y empleaba a más de 5.500 personas en todo el país. Su disolución deja sin estructura operativa a un área clave para el mantenimiento de caminos, en un contexto donde la obra pública lleva más de siete meses paralizada. Desde el Ejecutivo sostienen que esta reorganización permitiría avanzar en concesiones privadas para 9.120 kilómetros de rutas que “fueron degradadas como nunca antes”.
   

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