Los proyectos de ley que el Senado aprobó el pasado 10 de julio fueron girados al Poder Ejecutivo, por tanto, el presidente
Javier Milei tiene un plazo legal de diez días hábiles para definir si avala las normas, las rechaza total o parcialmente, o si intenta descartarlas por vía judicial. Las medidas incluyen el aumento del 7,2% en las jubilaciones, la suba del bono para quienes cobran la mínima, la extensión de la moratoria previsional y la emergencia nacional en discapacidad.
Tras su sanción en el recinto de senadores, el trámite parlamentario recién se completó con la firma de las autoridades de ambas cámaras, lo que habilitó oficialmente la intervención del Ejecutivo. Desde el entorno presidencial ya anticiparon la decisión de vetar al menos una parte del paquete legislativo, y el límite para que Milei tome una decisión es el 4 de agosto.
Los proyectos impulsados por la oposición establecen un refuerzo económico significativo. No sólo fijan un reajuste de haberes del 7,2%, sino que elevan de $70.000 a $110.000 el bono adicional para quienes perciben la jubilación mínima. Además, contemplan reabrir la moratoria previsional por dos años, finalizada en marzo, y declaran la emergencia en materia de discapacidad. Sin embargo, el propio mandatario había adelantado: "Todos saben que vamos a vetar”.
Al interior del Gobierno, la discusión no es solo si vetar o no, sino cómo hacerlo sin contradecir su propio discurso. Milei y su entorno cuestionaron la validez de la sesión parlamentaria, con lo cual, el veto implicaría reconocerla formalmente. Además, si el Congreso decidiera insistir con la sanción original, podría anular el veto si logra reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras.
De hecho, el proyecto jubilatorio y la emergencia en discapacidad lograron amplios respaldos en Diputados, con 142 y 143 votos afirmativos respectivamente, aunque la moratoria previsional, con apenas 111 votos, difícilmente pueda sostenerse ante un veto. Por eso, los márgenes parlamentarios serán determinantes para la suerte final de estas leyes, en un contexto donde el Gobierno ya dejó en claro que las considera un “acto de desesperación”.
Así lo expresó el propio Presidente en su discurso en la Bolsa de Comercio, donde reafirmó su decisión de avanzar contra lo votado en el Congreso. “Todos saben lo que voy a hacer. Vamos a vetar. Y si se diera la circunstancia que el veto se cae, lo vamos a judicializar”, advirtió. En ese mismo mensaje, comparó con un "puñal" la decisión de los parlamentarios: “Aun cuando les claven puñales en la espalda, probablemente tengan un chaleco”.