18.07.2025 / BLINDAJE
Senadores buscan declarar la emergencia en Vialidad luego de que la Justicia frenara el decreto que disuelve el área
Tras el fallo que suspendió el DNU del Ejecutivo para cerrar Vialidad Nacional, senadores peronistas impulsan un proyecto para blindar el organismo. Proponen declarar la emergencia del sistema vial por dos años y exceptuarlo de cualquier intento de privatización.
El intento del Gobierno de Javier Milei por avanzar con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad sumó un nuevo revés judicial, y derivó en una reacción legislativa que busca frenar la medida con un proyecto de emergencia. Luego de que la Justicia federal de San Martín aprobara un amparo presentado por el gremio del sector que dejó sin efecto el decreto gubernamental publicado el pasado 8 de julio que ordenaba la disolución del organismo, en paralelo, un bloque de senadores peronistas presentó una iniciativa para proteger a Vialidad, declarándola un ente público estratégico y exceptuándola de cualquier plan de privatización o desguace.
En respuesta al fallo judicial, el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que el Ejecutivo apelará la decisión. Pese a eso, el fallo ya generó un efecto político inmediato. Los senadores del bloque peronista Convicción Federal se movilizaron en defensa del organismo y propusieron declarar por ley la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años. El objetivo, argumentaron, es frenar los intentos de privatización y garantizar la continuidad de las obras públicas paralizadas desde diciembre pasado.
La propuesta lleva las firmas de los senadores Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca). En su articulado, busca reconocer a Vialidad Nacional como un ente estratégico para el desarrollo del país y plantea aumentar su presupuesto, establecer protocolos de mantenimiento de rutas, planificar acciones ante emergencias y blindarlo ante posibles modificaciones impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, en el Congreso ya se acumulan más de veinte iniciativas legislativas de diputados y senadores que cuestionan el DNU 461/2025, mediante el cual se cerró el suborganismo. Todas ellas apuntan a frenar reubicaciones, cesantías, suspensiones y cualquier tipo de supresión estructural en la Dirección Nacional de Vialidad.
SUSPENSIÓN
La resolución que dio marcha atrás con el decreto del Ejecutivo fue dictada por la jueza Martina Forns, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°2, quien aceptó una medida cautelar promovida por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La magistrada entendió que el decreto presidencial excedía las facultades delegadas por la recientemente aprobada Ley Bases, que no habilita el cierre de entes autárquicos como Vialidad. A su vez, advirtió sobre los daños inminentes que podría provocar la implementación del DNU, al permitir "traslados forzosos, vaciamiento funcional y despidos encubiertos" en un área que requiere autonomía técnica.
La secretaria general de SEVINA, Emiliana Mcnamara, confirmó que “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”, gracias a la vigencia de una medida de no innovar que deja en suspenso cualquier efecto del decreto. La dirigente gremial explicó que la Dirección Nacional de Vialidad fue creada por una norma con jerarquía de ley y no puede ser eliminada por decreto. A su vez, calificó como "arbitraria" la decisión del Gobierno, que pretendía repartir sus funciones en otras áreas bajo la órbita del Ministerio de Economía.
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