La investigación por las muertes provocadas por ampollas contaminadas reveló múltiples advertencias previas sobre el laboratorio productor. Rosario se sumó como querellante y apunta a los responsables de una red empresarial bajo sospecha.
El escándalo por el fentanilo contaminado, que ya provocó 54 muertes, se mantiene abierto mientras la Justicia avanza con nuevas declaraciones por parte del intendente de Rosario, Pablo Javkin, luego de trascender que ANMAT había emitido más de cien advertencias por fallas estructurales sistemáticas en la planta del laboratorio Ramallo, donde se produjeron los lotes cuestionados.
La gravedad de las irregularidades salió a la luz cuando el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, ordenó a la ANMAT que entregara toda la documentación relacionada con la empresa. Luego de dos entregas parciales, el juzgado detectó la existencia de un archivo de Excel omitido en las primeras presentaciones, el cual detallaba decenas de fallas, según pudo identificar otro medio. Para obtenerlo, se ejecutó una orden de presentación con allanamiento en subsidio.
Ese archivo podría ser decisivo para determinar responsabilidades penales, sobre todo si se prueba que las autoridades del laboratorio conocían las observaciones y aún así no corrigieron los desvíos. En el centro de la investigación están Ariel Fernando García, dueño de Ramallo y titular del grupo HLB Pharma, y varios miembros de su familia, señalados como parte de una estructura empresarial que, según la Justicia, podría haber sido diseñada para eludir responsabilidades legales.