02.08.2025 / Judiciales

La Justicia interviene luego de la suspensión de contratos millonarios entre una obra social y un socio de Martín Menem

La compañía HTECH Innovation SA, constituida en abril de 2024, proveía "servicios tecnológicos" a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), actualmente intervenida por el Poder Ejecutivo. Hay una investigación judicial y dos auditorías en marcha.





Luego de la intervención del Gobierno a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera), la Justicia interviene en la causa que involucra a la familia Menem, entre ellos al titular de la Cámara de Diputados. 

En concreto, se detectó que la compañía HTECH Innovation SA, constituida en abril de 2024, proveía "servicios tecnológicos" a Osprera. La empresa en cuestión pertenecía a Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem en TR Nutrition, una firma dedicada a la importación y comercialización de suplementos orgánicos y dietarios.

Antes de asumir en la Cámara baja, Martín Menem se dedicaba principalmente a la comercialización de este tipo de productos (suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas) bajo la marca GenTech. En su declaración jurada, declaró poseer el 50% de las acciones de TR Nutrition.

La intervención de Osprera, la segunda obra social más grande del país con aproximadamente 500 mil afiliados, fue dispuesta por el Gobierno en agosto de 2024 debido a un importante déficit y deudas. Meses después de la intervención, HTECH Innovation fue contratada por la entonces interventora, Virginia Montero, para llevar a cabo trabajos en los sistemas informáticos de la obra social.

Las primeras facturas que emitió HTECH Innovation a Osprera, por montos significativos de $40.251.879 y $7.733.119, corresponden a noviembre de 2024 y, llamativamente, son las facturas iniciales de la empresa (0000001 y 0000002).

El contrato entre Osprera y HTECH Innovation se habría mantenido por un valor mensual estimado entre $16 millones y $20 millones, lo que sugiere una facturación superior a los $150 millones durante los nueve meses de vigencia hasta su suspensión.

La polémica en torno a esta contratación se intensificó con la revelación de que Aguirre y la ex interventora Montero habrían ingresado a Casa Rosada para reunirse con Eduardo 'Lule' Menem, primo de Martín. Este caso ya se encuentra bajo investigación judicial en el juzgado federal de Ariel Lijo, a raíz de una ampliación de denuncia presentada por los abogados de José Voytenco, el líder de Uatre en conflicto con la intervención.

Pero eso no es todo: Voytenco además acusa de asociación ilícita y de desvío de fondos de la obra social al dirigente libertario y diputado nacional Pablo Ansaloni, también extitular del gremio de ruralistas.