Luego del conflicto desatado cuando el Gobierno de la Nación puso en duda los exámenes residenciales, el Ministerio de Salud denunció penalmente a un grupo de postulantes tras detectar lo que consideró maniobras fraudulentas. La presentación fue realizada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tras analizar los resultados "anómalos" y constatar pruebas que salieron a la luz en redes sociales.
La situación se tornó aún más grave cuando circuló un video que mostraba a un médico utilizando anteojos con cámara incorporada durante la evaluación. Ese registro fue el disparador de una investigación interna que derivó en la intervención del comité de evaluación y la posterior decisión de invalidar los exámenes de 268 aspirantes sospechados. El Gobierno ya confirmó que esas personas deberán volver a rendir bajo un sistema más estricto.
Desde la cartera sanitaria, a cargo de Mario Lugones, señalaron que la operatoria estuvo cuidadosamente organizada y fue orientada a “obtener cargos públicos de forma ilegítima”. En la denuncia judicial, el Ministerio identificó al principal responsable, con nombre y DNI, y también pidió investigar a “quien filmó y a sus posibles cómplices”, según confirmaron fuentes oficiales.
En paralelo, el Ejecutivo avanzó con la disposición 61/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece un nuevo examen a realizarse este jueves 7 de agosto con mayores controles. Entre las medidas destacan la prohibición total de dispositivos electrónicos, el monitoreo físico y la intervención de fuerzas de seguridad en los centros de evaluación con el fin de garantizar transparencia y evitar cualquier tipo de filtración.
Respecto a las "trampas" realizadas en la evaluación, la cartera de Lugones reconstruyó que se utilizaron grupos pagos de Telegram y WhatsApp donde se compartían las respuestas, además de auriculares inalámbricos y otros artefactos electrónicos que permitían recibir ayuda externa en tiempo real.
Desde el Gobierno no dudaron en calificar el hecho como un atentado ético con impacto directo en la calidad del sistema de salud. “El daño también es ético y potencial, ya que las acciones cometidas buscaron desplazar a los colegas realmente aptos para ocupar los cargos vacantes poniendo en riesgo la salud de la población”, expresaron oficialmente. El vocero presidencial Manuel Adorni también se manifestó: “No vamos a permitir que se acceda a cargos médicos de manera fraudulenta, poniendo en riesgo la vida de todos. El que las hace, las paga”, disparó.