La Justicia obligó al “Señor del Tabaco” a pagar una deuda millonaria y ratificó el impuesto mínimo al cigarrillo

El máximo tribunal cerró una disputa que enfrentó durante años a Tabacalera Sarandí con el Estado nacional por la carga fiscal sobre cigarrillos. La empresa, que vende Red Point, West, Master y Kiel, cuestionó el mínimo por entender que encarecía sus marcas “baratas y ultrabaratas” frente a las premium y afectaba su viabilidad. La Corte revocó el fallo de 2022 que había declarado inconstitucional la norma y dejó firme la obligación de tributar el piso fijado por ley.

La resolución, firmada por Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti junto a los conjueces Mariano Llorens, Enrique Moltini y Mario Boldú, remarcó que la determinación de impuestos y montos mínimos es una decisión de política fiscal del Congreso, salvo discriminación o arbitrariedad evidente, extremos que no se verificaron. El tribunal subrayó además el fin “extrafiscal” del tributo: desalentar el consumo por razones de salud pública, en línea con la Organización Mundial de la Salud, que considera el aumento de precios “la medida más efectiva para reducir” el consumo de tabaco.

Los jueces señalaron que Tabacalera Sarandí no demostró afectación al derecho de propiedad ni irrazonabilidad de la ley. También cuestionaron que la Cámara basara su criterio en valoraciones ajenas a la función judicial —como alusiones a “las grandes tabacaleras” o a “la realidad del mercado”— sin respaldo legal suficiente. En el mismo expediente, la Corte rechazó una presentación reciente de la empresa que pretendía desistir del juicio por un supuesto acogimiento a un régimen de regularización, por no cumplir los requisitos formales.

El fallo retomó antecedentes como “Nobleza Piccardo” en 2015, donde se destacó que la Constitución no solo permite sino que obliga a las autoridades a proteger la salud de la población, “más allá de las eventuales desventajas que esto podría generar en las empresas que intervienen en la cadena de distribución de este tipo de productos”. En definitiva, el pronunciamiento reafirma la potestad del Congreso para definir políticas tributarias con efectos extrafiscales y respalda el uso de herramientas fiscales para reducir daños asociados al tabaquismo, al tiempo que ordena a las firmas morosas —en particular, al “Señor del Tabaco”— regularizar una deuda que crece hace años.

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