22.08.2025 / INDIFERENCIA

Pese al rechazo de Diputados a las reformas en el INV, INTA e INASE, el Gobierno pasó a disponibilidad a más de 360 empleados

El Ministerio de Economía oficializó este viernes la resolución 1240/2025, que dispone la disponibilidad del personal de planta permanente de tres institutos clave. La medida alcanza al INTA, al INV y al ya disuelto INASE.





El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la norma que establece la situación de disponibilidad del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Vitivinucultura (INV) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) con estabilidad adquirida.

La cartera justificó que la medida obedece a la transformación del INTA en organismo desconcentrado bajo la Secretaría de Agricultura, a la disolución del INASE y a la conversión del INV en una unidad organizativa dependiente de esa misma cartera, resuelta a través del Decreto 462/2025, un mes atrás.

La disposición llega apenas horas después de que el Congreso votara en contra del Decreto 462/25, que planteaba la disolución y transformación de estos organismos. Pese a los 60 votos negativos en el Senado, el Ejecutivo avanzó con la reestructuración.

De acuerdo con la normativa, los trabajadores afectados serán notificados de forma individual y permanecerán en disponibilidad por un plazo de hasta 12 meses. En ese período, quedan eximidos de presentarse a trabajar, un paso que en la práctica constituye la antesala de la desvinculación definitiva.

La medida también restringe todos los beneficios y licencias previamente otorgados al personal, que desde el dictado de la resolución no podrá acceder a comisiones de servicio ni a asignaciones transitorias. Los detalles sobre los nombres de los empleados alcanzados fueron publicados en los anexos de la edición digital del Boletín Oficial.

Según establece el régimen legal aplicable, el pase a disponibilidad implica una reducción efectiva de la planta del Estado. La resolución comenzó a regir el 21 de agosto y marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso respecto del futuro de los organismos descentralizados.