La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), que agrupa a científicos del CONICET, llevó adelante un reclamo para que el Gobierno explique qué ocurrió con los u$s54 millones que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habían transferido al país para financiar proyectos de investigación.
“Siendo (el BID) el organismo que otorga los fondos, nos parecía procedente informar que ese dinero nunca llegó a su destino y desconocemos qué hicieron con la plata”, denunció la investigadora Soledad Leonardi.
Los cuestionamientos se iniciaron en febrero, cuando la RAICYT presentó su reclamo ante el BID y también en la Justicia federal de La Plata. Leonardi advirtió que los recursos estaban comprometidos para proyectos en marcha, para otros ya concursados y evaluados, e incluso para nuevas convocatorias que quedaron frenadas sin explicación oficial.
El BID respondió de manera rápida a través de su Oficina de Integridad Institucional (OII), aunque rechazó la denuncia. “No encontraron evidencias indicativas de prácticas prohibidas de acuerdo a las normativas establecidas”, fue la escueta contestación que recibieron los investigadores, lo que derivó en la decisión de judicializar el reclamo.
En junio, el juez Alejo Ramos Padilla ordenó al Ejecutivo nacional entregar en un plazo de 15 días “toda la información pública existente sobre lo requerido”. No obstante, el Gobierno apeló la sentencia y ahora la causa depende de una nueva definición judicial, mientras los científicos insisten en conocer el destino de los fondos internacionales que nunca llegaron a sus institutos.