 
El Jefe de Estado de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó una ley que se propone “garantizar condiciones efectivas para enfrentar al crimen organizado en todas sus dimensiones”. La norma, publicada en el Diario Oficial, refuerza el combate a las organizaciones criminales e impone sanciones más severas para quienes obstaculicen investigaciones judiciales.
El texto legal dispone penas de entre cuatro y doce años de prisión para quienes intenten entorpecer acciones contra el crimen, además de castigos específicos para quienes contraten a miembros de organizaciones delictivas. En todos los casos, los acusados deberán ser recluidos en cárceles federales de máxima seguridad, una medida que busca impedir la continuidad de operaciones desde los penales.
La ley también amplía la protección para jueces, fiscales, policías y sus familiares en situación de riesgo, una disposición que el Gobierno justificó como necesaria para “proteger al Estado frente a las estructuras criminales que desafían su autoridad”. Sin embargo, especialistas advirtieron que la efectividad del plan dependerá de su aplicación concreta.
El anuncio se produce tras la operación en las favelas de Alemão y Penha por orden del gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, que dejó al menos 132 muertos, entre ellos, una numerosa cantidad de civiles. Mientras Lula busca mostrar firmeza en materia de seguridad, gobernadores de derecha respaldaron el accionar policial y criticaron al mandatario por “preocuparse por Ucrania mientras el país se desangra”, según expresó el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema.