Desde el miércoles 12 hasta el viernes 14 de noviembre, las universidades nacionales llevarán adelante un paro convocado por las federaciones Conadu y Conadu Histórica, con el objetivo de exigir la reapertura de las paritarias y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, que establece una recomposición salarial y recursos adicionales para el sistema educativo.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA advirtieron que “cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública” y que, en ese sentido, el Gobierno mantiene una deuda del 44% de aumento con el sector. "No cumplir con la ley es inconstitucional”, añadieron.
El conflicto se agudizó tras meses de deterioro salarial, reflejada en las múltiples renuncias y cambios de profesión por parte de los docentes, junto a la decisión del presidente Javier Milei de vetar parcialmente la Ley de Financiamiento. Aunque el veto fue rechazado por el Congreso, el Ejecutivo promulgó la norma sin habilitar su ejecución, bajo el argumento de que las fuentes de financiamiento deben definirse en el Presupuesto. Esta maniobra motivó una demanda judicial de la Universidad de Buenos Aires por considerarla “una violación a la voluntad soberana del Congreso”.
Desde la Federación Universitaria Argentina, su secretaria Pilar Barbas llamó a “profundizar las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión contra la universidad pública”. En declaraciones radiales, insistió en la necesidad de una movilización conjunta de estudiantes y trabajadores para “impedir que el Ejecutivo siga avanzando”.
Los gremios advirtieron que, de persistir la falta de respuesta oficial, el ciclo lectivo 2026 podría no comenzar. “El acuerdo fue total en avanzar con un paro federal y advertir que no habrá inicio de clases si no se cumple la ley”, señaló un comunicado de Conadu. La tensión crece en el sistema universitario público, que enfrenta un nuevo capítulo de conflicto en medio del ajuste presupuestario del Gobierno.
Hasta ahora, la medida incluye la adhesión de Conadu y Conadu Histórica, que agrupan a la mayoría de los docentes universitarios del país, junto a la AGD-UBA y otras asociaciones de base. Por su parte, gremios como FATUN y FEDUN aún no definieron su postura.