09.02.2026 / OFICIAL

Entra en vigencia la ley de Inocencia Fiscal: menos controles y un nuevo esquema de Ganancias

La normativa reglamentada por ARCA redefine el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, reduce la presión penal y administrativa, eleva los umbrales de evasión y pone en marcha un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.





La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en vigencia la ley de Inocencia Fiscal al reglamentar el régimen que reduce fiscalizaciones sobre la mayoría de los contribuyentes, redefine el alcance del Impuesto a las Ganancias y concentra la supervisión en un universo acotado de grandes aportantes. 

De acuerdo al documento publicado en el Boletín Oficial, el nuevo marco parte del principio de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor y, en la práctica, limita la posibilidad de denuncias penales automáticas por parte del organismo recaudador, especialmente en casos vinculados a diferencias de criterio, interpretaciones técnico-contables o presunciones legales que no estén respaldadas por otras pruebas.

LOS PUNTOS CLAVE 

El decreto endurece la focalización de controles por parte de ARCA sobre unos 11.000 grandes contribuyentes que concentran cerca del 80% de la recaudación, mientras que el resto del padrón, integrado por más de 10 millones de personas y empresas, quedará bajo un esquema de menor intervención estatal y mayor flexibilidad operativa.

Asimismo, el Ejecutivo incorporó permitirá que un mayor margen de entidades adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Tanto personas físicas como sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones, podrán suscribir al sistema, mediante una declaración jurada confeccionada por el propio organismo y basada únicamente en ingresos y egresos, sin computar gastos ni variaciones patrimoniales.

La reglamentación también introduce cambios de fondo en el régimen penal tributario, al elevar de manera significativa los umbrales para que una infracción sea considerada delito (la evasión simple pasa de $1,5 millones a $100 millones y la agravada de $15 millones a $1.000 millones), reducir de cinco a tres años el plazo de prescripción y habilitar la extinción de la acción penal mediante el pago de la deuda, intereses y un adicional, bajo la premisa oficial de resolver los "problemas tributarios con plata”.

Además, se establece que los fondos que se bancaricen bajo este esquema, hasta un tope de $1.000 millones, no tributarán Ganancias, con el objetivo de incentivar la exteriorización de ahorros informales y reducir la carga administrativa sobre contribuyentes considerados de “buena fe”.

En los considerandos del decreto, el Gobierno sostuvo que la norma busca dejar atrás un sistema que, consideran, empujó a amplios sectores a la informalidad: “Todo eso se terminó. La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin dar explicaciones”, insistieron para remarcar su enfoque.