El presidente Javier Milei firmó un decreto para retirar al Estado nacional como querellante en la causa que investigaba el crédito récord del FMI otorgado a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri. La medida se conoció apenas 72 horas después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti dispusiera el archivo del expediente, una resolución que fue apelada por el fiscal Franco Picardi por considerar que el cierre resultó arbitrario y carente de una evaluación integral de las pruebas.
El decreto 87/26 instruyó a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención en la causa “Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros”, iniciada en 2019 y sostenida como querella por el Estado a partir de una decisión política del gobierno de Alberto Fernández. La investigación buscó determinar el destino de los más de 41 mil millones de dólares girados por el FMI entre 2018 y 2019, en un contexto de corridas cambiarias y fuga de capitales.
Aunque desde el entorno presidencial dejaron trascender que la decisión no tuvo como objetivo beneficiar a Macri, fuentes cercanas al proceso señalaron que el retiro del Estado apuntó a proteger a dos funcionarios clave del actual gabinete: el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular de Desregulación, Federico Sturzenegger, ambos protagonistas centrales de la negociación y administración del préstamo durante el macrismo. La definición contrastó con las duras críticas que el propio Milei había formulado en el pasado contra ese endeudamiento con el FMI.
En su fallo, Capuchetti sostuvo que no existió malversación de caudales públicos, al considerar que no había una norma que impusiera un destino específico a los fondos del organismo internacional. Sin embargo, el fiscal Picardi cuestionó con dureza esa interpretación y denunció una valoración “parcial, sesgada y superficial” de los hechos, además de remarcar que la deuda se contrajo sin pasar por el Congreso, en presunta violación de la Constitución y de las leyes que regulan el crédito público.
Para el fiscal, la investigación debía profundizar si existió un esquema defraudatorio que permitió utilizar los dólares del FMI para financiar la fuga de capitales y beneficiar a grupos económicos concentrados, en perjuicio del erario público. Con el Estado fuera de la querella por decisión del Gobierno, la causa quedó ahora sostenida únicamente por la apelación fiscal, en un contexto político marcado por el alineamiento de Milei con los principales responsables del endeudamiento que condiciona a la Argentina por décadas.