Escándalo en CABA: adjudican contrato de $36.000 millones a la aseguradora del "acreedor" de Santilli

En un proceso licitatorio que genera fuertes sospechas de direccionamiento, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires preselecciona a Río Varadero S.A. para gestionar el nuevo sistema de "Autoseguro Público". Alarma entre el personal de la Policía de la Ciudad y los Bomberos.

Después de una licitación sin competencia, la Resolución 5322/25 del Ministerio de Hacienda y Finanzas marcó un hito en la gestión de riesgos laborales de la Ciudad. Bajo el nuevo esquema, el Estado porteño deja de contratar una cobertura integral para tercerizar únicamente las "prestaciones en especie" (atención médica y farmacia). El contrato, que asciende a la suma de $36.000 millones, pone bajo la lupa no solo el costo fiscal para los contribuyentes, sino los vínculos personales entre el dueño de la firma y la cúpula del poder porteño.

Lo más llamativo del proceso fue la eliminación sistemática de la competencia. Firmas con décadas de trayectoria como Provincia ART, OMINT y el Instituto de Seguros de Entre Ríos fueron descalificadas por supuestas inconsistencias contables y técnicas. El resultado fue un camino despejado para Río Varadero S.A., que quedó como única oferente en pie para un negocio multimillonario, de acuerdo con la investigación que Guillermo Carlos Delgado Jordan publicó en el portal Noticias La Insuperable.

Detrás de Río Varadero se encuentra el médico y empresario Marcos Podestá, un nombre que remite directamente a las finanzas personales de Diego Santilli. En 2015, el entonces funcionario porteño declaró una deuda hipotecaria de 550.000 dólares a favor de Podestá, la cual desapareció de sus registros un año después sin explicaciones sobre el origen de los fondos para cancelarla.
Hoy, ese vínculo parece haber pasado de lo personal a lo estructural. El crecimiento del holding de Podestá —que incluye droguerías y laboratorios como Gemepe— se ha consolidado al calor de las contrataciones directas y licitaciones a medida en el ámbito de la Ciudad.

La trama se completa con otro conocido para la política porteña: la figura de Edgardo Cenzón, ex recaudador de las campañas de Santilli, quien tras su paso por la función pública desembarcó en la estructura de negocios de Podestá, presidiendo empresas como Treater S.A. en Vaca Muerta.

Esta "puerta giratoria" sugiere que la adjudicación del autoseguro en CABA no es un hecho aislado, sino el capítulo más ambicioso de una alianza política-empresarial que ha convertido al Estado en un cliente cautivo de sus propios acreedores.

El riesgo fiscal: Privatizar ganancias, estatizar pérdidas

El modelo de autoseguro adjudicado a Río Varadero plantea un escenario de "riesgo cero" para la empresa y máxima exposición para el Estado:

1- Caja para el privado: Río Varadero cobra por la gestión de servicios médicos, un flujo de caja constante y garantizado.
2- Deuda para el Estado: El Gobierno de la Ciudad asume directamente el costo de los juicios, las indemnizaciones por incapacidad y los salarios por licencia.
3- Bomba de tiempo: Especialistas advierten que este sistema fomenta la litigiosidad, cuyas sentencias finales no serán pagadas por la aseguradora, sino por el erario público en los próximos presupuestos.

En las últimas semanas se han multiplicado las consultas en estudios de abogados por parte de miembros de la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Bomberos, respecto de cómo se aplicará el nuevo sistema en empleados del GCBA que por la naturaleza de su trabajo están permanentemente expuestos a accidentes laborales. Ampliaremos.

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