El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó la declaración de las cuatro mujeres que le habrían prestado dinero para la compra de un departamento y la adquisición de una vivienda en un country, en el marco de la causa que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados en esas operaciones.
Las citadas son Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio. Las dos primeras, habrían aportado 100.000 dólares cada una para la compra del departamento en Caballito donde actualmente reside el funcionario; mientras que las últimas le habrían otorgado un crédito no bancario por 100.000 dólares adicionales, uno de los descubrimientos más recientes del caso.
Según consta en los registros, este último préstamo se dividió en 85.000 y 15.000 dólares y estuvo garantizado con una hipoteca sobre otro inmueble que la pareja poseía en la calle Asamblea. Esa operación se concretó el mismo día en que la esposa de Adorni adquirió una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Las primeras dos prestamistas fueron convocadas a declarar el jueves 9, mientras que Molina y Cancio deberán presentarse el lunes 13 en Comodoro Py. En paralelo, este miércoles está prevista la declaración de la escribana
Adriana Nechevenko, quien intervino en las tres operaciones bajo análisis judicial.
En la causa también declaró el ex futbolista Hugo Morales, anterior propietario del departamento de Caballito, quien aseguró haber vendido el inmueble en mayo de 2025 por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas, en una operación que luego derivó en la adquisición por parte del actual jefe de Gabinete.
Adorni había reconocido públicamente la compra del departamento por 230.000 dólares, un valor que llamó la atención dentro del mercado inmobiliario de la zona, y que fue financiado en gran parte por esos préstamos, que representaron cerca del 87% del total de la operación.
La investigación también apunta a inconsistencias en las declaraciones patrimoniales del funcionario, ya que parte de los créditos otorgados por Molina y Cancio no habrían sido informados en su totalidad, mientras la fiscalía requirió documentación para reconstruir el circuito financiero de las transacciones.