16.04.2026 / Economía
Sancor pidió su propia quiebra con una deuda de USD 120 millones y sus empleados no cobran hace 8 meses
La confirmación llegó desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), el gremio que nuclea a los trabajadores, a través de un comunicado contundente.
La empresa láctea Sancor, símbolo durante décadas de la industria láctea nacional, pidió su propia quiebra ante la Justicia de Rafaela. El concurso preventivo de acreedores presentado a principios del año pasado no fue suficiente para recuperarse y debe USD 120 millones.
El expediente, que se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación, recoge los indicadores de un deterioro profundo: cesación de pagos, insolvencia generalizada y una estructura que ya no logra sostenerse.
La confirmación llegó desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), el gremio que nuclea a los trabajadores, a través de un comunicado contundente. Allí se detalla que la empresa acumula una deuda cercana a los US$120 millones —entre compromisos en moneda extranjera y pesos— y arrastra además un pasivo que sigue creciendo mes a mes.
La intervención judicial dispuesta meses atrás ya había marcado la gravedad del cuadro. El juez Marcelo Germán Gelcich había señalado problemas estructurales: falta de información contable clara, incumplimientos reiterados y una crisis laboral que escalaba sin freno. El pedido de quiebra, en ese contexto, aparece más como la formalización de un estado de hecho que como una sorpresa.
Fundada en 1938 en Sunchales, la cooperativa llegó a procesar en la década del noventa más de 4,6 millones de litros de leche diarios, encabezando con holgura el ranking del sector.
Ese volumen no solo representaba capacidad productiva: era también la expresión de un modelo cooperativo que integraba a cientos de productores y que había logrado consolidarse como referencia nacional e internacional.
Hoy, con apenas unos 700.000 litros diarios —sumando producción propia y de terceros—, la distancia con su pasado es abismal. Las plantas, distribuidas entre Santa Fe y Córdoba, funcionan con volúmenes variables y bajo esquemas productivos fragmentados: acuerdos a fasón, tercerizaciones y estrategias de supervivencia que evidencian la pérdida de un proyecto integral.
Si hay un actor que sintetiza el impacto de esta crisis, es el de los trabajadores. Con ocho meses de salarios adeudados y prestaciones sostenidas en muchos casos por mecanismos extraordinarios, el escenario social es tan crítico como el económico.
Desde ATILRA sostienen que la empresa se sostuvo, en gran medida, a costa del propio personal. La afirmación, más allá del tono, refleja una realidad tangible: la continuidad operativa dependió en parte del esfuerzo de quienes mantuvieron en funcionamiento las plantas en condiciones adversas.
En ese marco, la eventual declaración de quiebra abre interrogantes. El primero, inmediato, es qué ocurrirá con los puestos de trabajo. El segundo, más amplio, es si la marca podrá sobrevivir a la caída de su estructura actual.
Desde el gremio plantearon una lectura que busca proyectar más allá del colapso: la quiebra no como final, sino como punto de partida para una reorganización. La idea de rescatar el valor de la marca y reconstruir sobre la base del capital humano aparece como una posibilidad, aunque todavía difusa.
El futuro dependerá de múltiples variables: decisiones judiciales, eventuales interesados en activos o unidades productivas y la capacidad de articular un nuevo esquema empresarial.
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