Esta semana, la
causa por enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni avanza con nuevas indagaciones a testigos clave. La fiscalía encabezada por Gerardo Pollicita desplegó un cronograma de declaraciones en Comodoro Py con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero vinculada a la compra de propiedades y a las refacciones realizadas en esos inmuebles.
Los primeros en brindar testimonio serán los responsables de la inmobiliaria que intervino en una de las operaciones bajo análisis, la martillera
Natalia Rucci y su socio
Marcelo Trimarchi, quienes deberán aportar detalles sobre la compraventa de un departamento en Caballito, con foco en los valores reales de la transacción y las condiciones en que se encontraba la unidad.
Uno de los puntos centrales del expediente se abordará el miércoles, cuando declare
Pablo Martín Feijoo. Su nombre aparece vinculado como posible intermediario entre el funcionario y dos jubiladas que financiaron gran parte de la compra mediante una hipoteca privada sin intereses, una modalidad que despertó interrogantes en la investigación.
Según consta en la causa, el inmueble fue adquirido por unos 230.000 dólares, con una parte abonada en efectivo y el resto financiado. La Justicia busca determinar si esa operación, junto con una transacción previa del mismo departamento a un valor menor, encubre algún tipo de maniobra destinada a justificar el patrimonio declarado.
Ese mismo día también fue convocado el
encargado del edificio donde se encuentra la propiedad. Su testimonio podría aportar información sobre las refacciones realizadas y el movimiento registrado en el inmueble, datos que la fiscalía considera relevantes para contrastar con las declaraciones oficiales.
La investigación se extiende además a otra propiedad vinculada al entorno familiar del jefe de Gabinete, ubicada en el country Indio Cuá. El viernes declarará el contratista
Matías Tabar, a quien se le solicitó documentación sobre las obras realizadas, incluyendo presupuestos, facturas y registros de comunicación.
En paralelo, los investigadores requirieron información sobre gastos asociados a esa vivienda, como expensas y el pago de ingreso al barrio privado, que figurarían a nombre de la esposa del funcionario. El objetivo es verificar si esos montos resultan consistentes con la capacidad económica declarada. El cierre de esta etapa de testimoniales está previsto para el lunes 27, con la declaración del vendedor de la propiedad del country.