Consejeros vinculados a Cristina Fernández de Kirchner que integran el Consejo de la Magistratura impulsaron una denuncia contra las condiciones de prisión domiciliaria que cumple la ex presidenta, por considerarlas "arbitrarias" e "injustas". Destacan el uso de la tobillera electrónica, las limitaciones para recibir visitas y la ausencia de permisos de salida como restricciones más severas que las aplicadas sobre condenados por narcotráfico y delitos de lesa humanidad.
El planteo surge de un relevamiento realizado a partir de pedidos de acceso a la información enviados a juzgados federales de todo el país por los consejeros
Anabel Fernández Sagasti, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Mariano Recalde y César Grau. Según señalaron, los datos exponen un tratamiento diferencial hacia la expresidenta, alejado del funcionamiento normal de la Justicia.
De acuerdo al informe,
apenas el 1,76% de las personas que cumplen prisión domiciliaria tiene restricciones específicas para recibir visitas. En el caso de Cristina, la Justicia limitó los encuentros a dos días por semana, durante dos horas y con un máximo de tres personas por jornada.
El documento también remarca que las restricciones son incluso menores en detenidos por narcotráfico. Sobre más de 900 casos relevados, sólo ocho personas presentan limitaciones en el régimen de visitas, mientras que una parte importante conserva permisos de salida por razones laborales, médicas o personales.
Otro de los puntos cuestionados es la colocación de la tobillera electrónica. El relevamiento sostiene que menos de una cuarta parte de los detenidos bajo prisión domiciliaria utiliza ese dispositivo de control, pese a que en el caso de la expresidenta existe además una custodia permanente de la Policía Federal en la puerta de su domicilio.
En relación con los
condenados por delitos de lesa humanidad, el documento advierte que la mayoría no enfrenta restricciones comparables a las impuestas sobre la conductora del PJ nacional. De hecho, los datos recopilados indican que gran parte de esos detenidos cuenta con autorizaciones de salida y sin limitaciones específicas para mantener contactos externos.
Desde el entorno de la exmandataria sostienen que las condiciones de detención responden a una lógica de persecución política y no a criterios judiciales uniformes. En ese marco, analizan posibles presentaciones ante organismos nacionales e internacionales para cuestionar el régimen impuesto en la domiciliaria. Actualmente, Cristina cumple la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en su departamento de San José 1111, donde sólo tiene autorizado subir algunas horas por día a la terraza del edificio y salir por cuestiones médicas previamente autorizadas por la Justicia.