11.06.2026 / POLÉMICA
Apareció un video que contradice la versión de Adorni sobre sus inversiones en Bitcoin
Un video grabado durante la pandemia volvió a poner bajo la lupa las explicaciones de Manuel Adorni sobre el origen de su patrimonio. En una entrevista televisiva realizada esta semana, el jefe de Gabinete aseguró que comenzó a invertir “fuerte” en Bitcoin en 2014. Sin embargo, una grabación de 2020 muestra que entonces afirmaba que recién había tomado contacto con las criptomonedas varios años después.
La controversia surgió luego de que Adorni intentara explicar el crecimiento de su patrimonio y revelara que parte de sus ahorros provienen de operaciones con criptomonedas realizadas antes de ingresar a la función pública. En ese contexto, sostuvo que empezó a invertir en Bitcoin en 2013 y que profundizó esas operaciones a partir de 2014, llegando a obtener importantes ganancias.
Sin embargo, en una videoconferencia organizada en octubre de 2020 por una plataforma de criptomonedas, el propio funcionario relató que conoció el mundo del Bitcoin cuando observó a unos alumnos realizando operaciones y reconoció que “no entendía” de qué se trataba. Allí ubicó ese episodio “cinco o seis años atrás” y señaló que el valor del Bitcoin rondaba los 6.000 dólares, una cotización que recién alcanzó a fines de 2017.
La diferencia temporal es significativa. Mientras su versión actual lo presenta como un inversor temprano que operaba activamente desde 2014, sus declaraciones de 2020 sugieren que recién comenzó a familiarizarse con las criptomonedas alrededor de 2017. Además, en la entrevista reciente detalló compras de Bitcoin realizadas durante agosto de ese año, cuando la moneda cotizaba por encima de los 3.000 dólares.
A las inconsistencias se suma otro registro audiovisual de 2022 en el que Adorni expresaba reparos sobre las criptomonedas como vehículo de inversión. En aquella oportunidad definió a Bitcoin como un activo demasiado volátil y puso en duda su seguridad. Las contradicciones entre sus declaraciones públicas y la explicación brindada sobre el origen de sus fondos podrían convertirse ahora en un elemento de análisis para la Justicia, que investiga la evolución patrimonial del funcionario y la trazabilidad de los recursos declarados.
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