
Las víctimas del caso $LIBRA rechazaron el intento del empresario Mauricio Novelli de expulsarlas del expediente judicial y respondieron con una dura presentación en la que describieron la maniobra investigada como una presunta "red de crimen organizado" que excede ampliamente los riesgos habituales de cualquier inversión en criptomonedas.
La respuesta fue presentada ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi por el abogado Nicolás Oszust, en representación del damnificado Martín Romeo. Allí, los querellantes cuestionaron la estrategia defensiva de Novelli, uno de los principales investigados en la causa, quien sostiene que los compradores del token asumieron voluntariamente los riesgos propios del mercado cripto y que, por lo tanto, no existió estafa."Cuando existe soborno de funcionarios públicos, uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera; estamos describiendo una red de crimen organizado", afirmó Romeo en su presentación.
La defensa de Novelli también argumentó que la publicación realizada por Javier Milei para promocionar el activo digital no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad. Sin embargo, las querellas sostienen exactamente lo contrario: afirman que la intervención pública del Presidente fue determinante para otorgarle legitimidad al proyecto y generar confianza entre miles de inversores. Según plantearon, $LIBRA fue presentado como una iniciativa privada respaldada institucionalmente por el Estado argentino para financiar startups y pequeñas empresas, cuando en realidad habría funcionado como una "trampa de liquidez preprogramada" diseñada para beneficiar a un grupo reducido de operadores.
Los cinco querellantes que participan en el expediente aseguran haber perdido gran parte de sus ahorros tras el derrumbe del token y consideran que el intento de excluirlos del proceso constituye una maniobra destinada a debilitar la investigación y facilitar un eventual cierre anticipado de la causa. En ese sentido, recordaron que su participación ya fue ratificada por distintas instancias judiciales, incluyendo la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema.
Las víctimas también rechazaron el argumento según el cual los perjuicios sufridos responderían únicamente a la volatilidad propia del mercado de criptoactivos. Por el contrario, sostienen que la hipótesis investigada incluye elementos mucho más graves, como la manipulación coordinada del mercado, el acceso privilegiado a información sensible, el control concentrado de los activos y la extracción planificada de la liquidez aportada por los inversores. En otra de las presentaciones incorporadas al expediente, los abogados Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi remarcaron que el caso involucra posibles maniobras de coordinación previa y utilización de información privilegiada para obtener ganancias extraordinarias en perjuicio de miles de compradores.
Romeo fue aún más lejos al afirmar que los responsables "confunden deliberadamente el riesgo inherente a las inversiones en mercados no regulados con una maniobra de desapoderamiento doloso preprogramada", una práctica conocida en el ecosistema cripto como "rug pull". Según esa hipótesis, la maniobra no consistió en una inversión que salió mal ni en una simple caída del mercado, sino en la construcción deliberada de una apariencia de legitimidad mediante el uso de figuras públicas, estructuras empresariales y supuestos respaldos institucionales.
Las querellas recordaron además que ya solicitaron la declaración indagatoria de los principales involucrados, incluido el presidente Javier Milei. Según sostienen, el equipo creador de $LIBRA habría retirado al menos 44,5 millones de dólares mediante operaciones ejecutadas segundos antes de la publicación presidencial que disparó la cotización del token.
También señalaron que el propio fiscal Eduardo Taiano incorporó a la causa una hipótesis según la cual los desarrolladores del proyecto habrían obtenido cerca de 100 millones de dólares mediante ventas masivas que terminaron perjudicando a más de 40.000 personas. "La banda no se limitó a mentir en un folleto. Utilizó la estructura simbólica del Estado Nacional para otorgar una apariencia de legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese lavado de prestigio es parte central del engaño investigado", sostuvo Romeo.
Ahora será el juez Martínez De Giorgi, junto con la fiscalía, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de Novelli para excluir a las víctimas del expediente o si ratifica nuevamente su participación como querellantes en la investigación.