La situación judicial en Paraguay de Edgardo Kueider es cada vez más complicada. El ex legislador aliado de LLA está detenido en ese país desde diciembre de 2024 cuando intentó ingresar en auto por Ciudad del Este con más de 200 mil dólares, 400 mil pesos argentinos y 3 millones de guaraníes sin declarar.
Kueider, quien desembarcó en la Cámara Alta de la mano del Frente de Todos pero que rápidamente se pasó a las filas libertarias tras el triunfo de Javier Milei en 2023, fue clave en la sanción de la Ley Bases y hasta votó a favor del fallido intento por incrementar los gastos reservados de la SIDE en más de 100 mil millones de pesos.
Ahora, la situación judicial de Kueider y de su pareja y secretaria Iara Guinsel en el país vecino se complica cada vez más. El juez penal de Garantías de Paraguay, Rodrigo Estigarribia los imputó por el delito de lavado de dinero y le embargó seis departamentos que tienen a sus nombres. Según estima el magistrado paraguayo, dichos departamentos fueron adquiridos con dinero de origen ilícito
En la misma situación quedaron dos ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.
Según la acusación de las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdéz, existen indicios que los imputados ingresaron fondos ilícitos al sistema financiero comercial legal de Paraguay. Con estos recursos se habrían adquirido seis departamentos y sus respectivas cocheras.
El juez advirtió que el circuito de operaciones bajo investigación se habría instrumentado mediante la utilización de la firma Golsur S.A. “como estructura de fachada, caracterizado por la recepción, administración e introducción al sistema económico de fondos de presunto origen ilícito”. Este dinero pertenecería de forma original a “los imputados extranjeros -Kueider y Guinsel- pero colocados a nombre de la citada razón social con el fin de ocultar su verdadera propiedad y trazabilidad”.
“La descripción del mecanismo utilizado, así como el volumen de las transacciones, permiten inferir razonablemente una relación directa entre los inmuebles cuya afectación se pretende y los encausados”, agregó el juez. Esto “torna verosímil la hipótesis fiscal en cuanto a la utilización de dicha ingeniería jurídica y patrimonial como instrumento para la comisión del hecho punible o como receptores de sus efectos económicos”.
En tanto, Torales Banega y Courisat aparecieron como dueños de Golsur cinco meses antes del 4 de diciembre de 2024, el día en que el exsenador fue detenido. Habían comprado la empresa a Pedro Roure y María Fernando Sbrocca. A mediados de diciembre , le firmaron un poder plenipotenciario a Guinsel para que manejara Golsur a su antojo. La empresa tenía domicilio en un hotel.