
La causa judicial por el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA sumó este viernes un giro de alto impacto político y judicial. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió apartar a los querellantes del expediente, una decisión que modifica el desarrollo de la investigación al dejar el impulso exclusivo del proceso en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación había sido cuestionada reiteradamente por las víctimas y por sectores de la oposición.
La resolución fue dictada a partir de un planteo formulado por la defensa del empresario Mauricio Novelli, uno de los principales investigados por el lanzamiento del token que el presidente Javier Milei promocionó desde su cuenta oficial de X. Para el magistrado, quienes se presentaron como querellantes no lograron acreditar, en esta etapa del proceso, su condición de particulares damnificados por el colapso del activo digital.
En su fallo, Martínez de Giorgi dedicó varios pasajes a describir las características de las denominadas memecoins, al señalar que se trata de activos digitales que operan en un mercado con escasa regulación, elevada volatilidad y precios determinados por la expectativa de los inversores. Sobre esa base sostuvo que esas particularidades deben ser consideradas al analizar los hechos investigados.
Ese razonamiento guarda similitudes con la explicación pública que el propio Milei había dado semanas después del escándalo, cuando sostuvo que quienes adquirieron el token conocían los riesgos de ese tipo de operaciones y comparó la situación con "jugar a la ruleta rusa". Aquella entrevista quedó marcada, además, por la intervención de Santiago Caputo para interrumpir una respuesta del Presidente.
Sin embargo, los querellantes sostienen que la investigación excede ampliamente una inversión de riesgo. Afirman que el expediente reúne elementos sobre reuniones previas entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, la participación de Mauricio Novelli en la organización del proyecto y el intercambio de mensajes entre ambos durante las horas en que el Presidente difundió el contrato para adquirir el token desde su cuenta oficial.
La decisión judicial fue interpretada con preocupación por quienes impulsaban la investigación. El diputado nacional Maximiliano Ferraro, que presidió la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados, cuestionó con dureza la resolución y sostuvo que el expediente permaneció paralizado durante más de un año. "El juez y el fiscal hicieron de todo para que la investigación no avance", afirmó, al tiempo que vinculó el fallo con la reciente aprobación, en el Senado, del pliego de la esposa de Martínez de Giorgi para ocupar un cargo judicial. "Toda una devolución de favores", escribió en sus redes sociales.
El fallo también llega en un momento particularmente sensible para el Gobierno. Mientras intenta dejar atrás el impacto político generado por la investigación patrimonial que involucra al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el oficialismo enfrenta una agenda judicial cargada de causas que involucran a exfuncionarios, dirigentes aliados y empresarios vinculados a su espacio político.
Ese escenario comenzará a acelerarse desde el lunes con el avance del juicio oral contra el exsenador Edgardo Kueider en Paraguay, donde la fiscalía presentará su alegato por tentativa de contrabando. El martes será el turno del economista José Luis Espert, citado en los tribunales federales de San Isidro en la causa en la que se investiga el presunto lavado de activos vinculado al empresario Federico "Fred" Machado.
La semana siguiente también tendrá movimiento en los tribunales con la situación procesal del ex titular de ARSAT Facundo Leal, investigado por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, mientras que Kueider volverá a enfrentar una nueva audiencia en Paraguay, donde será formalmente imputado por presunto lavado de dinero. Con los querellantes fuera del expediente de $LIBRA, la continuidad de una de las investigaciones más sensibles para el Gobierno dependerá ahora exclusivamente de las decisiones que adopten el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, en un contexto en el que la actuación de ambos ya se encuentra bajo la lupa de las víctimas y de distintos sectores de la oposición.