Organizaciones de derechos humanos buscan frenar en la Justicia la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años

A menos de un mes de su entrada en vigencia, la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil enfrenta su primer intento de ser frenada en los tribunales. Organismos de derechos humanos, sindicatos, especialistas y defensorías públicas respaldaron este lunes una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la norma que reduce a 14 años la edad de imputabilidad y modifica el régimen penal aplicable a adolescentes.

La iniciativa fue presentada durante un encuentro realizado en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), donde confluyeron representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la CTA Autónoma, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), el Foro por los Derechos de la Niñez, el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio Internacional de Prisiones, SUTEBA y otras organizaciones sociales, académicas y de derechos humanos.

Los impulsores de la acción sostienen que la reforma aprobada por el Congreso contradice principios establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre los cuestionamientos señalan que amplía el catálogo de delitos por los que adolescentes pueden ser sancionados y prioriza las respuestas de carácter punitivo por sobre las medidas de protección e inclusión.

El secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, sostuvo que el objetivo de la presentación es impedir la aplicación de una ley que, según afirmó, implica un fuerte retroceso en materia de derechos. En la misma línea, el defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata Ricardo Berenguer cuestionó que la norma privilegie la prisión como respuesta estatal y advirtió que incorpora conductas que hasta ahora no habilitaban la intervención del sistema penal juvenil.

Durante la actividad también expusieron los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. Pérez Esquivel consideró que la nueva legislación coloca a niños y adolescentes como destinatarios de políticas represivas en lugar de garantizarles derechos, mientras que Barrancos sostuvo que el endurecimiento de las respuestas penales se apoya en un clima social que presenta al castigo como solución frente a los problemas de seguridad.

Otra de las expositoras fue Alcira Daroqui, integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH), quien advirtió que la reforma amplía las facultades de intervención del sistema penal sobre adolescentes y puede fortalecer prácticas de persecución y criminalización en los territorios más vulnerables. Además de cuestionar la constitucionalidad de la ley, las organizaciones alertaron sobre el impacto que podría tener en el sistema de encierro juvenil. Sostuvieron que la incorporación de menores de 16 años al régimen penal incrementará la población privada de libertad sin que exista infraestructura suficiente para absorber esa demanda, con el riesgo de profundizar el hacinamiento y las vulneraciones de derechos.

Los organismos también pusieron en discusión uno de los principales argumentos utilizados para impulsar la reforma: la vinculación entre adolescentes e inseguridad. Según señalaron, distintos estudios muestran que la participación de menores de edad en los delitos registrados representa una proporción reducida del total de los hechos delictivos, por lo que consideran que la baja de la edad de imputabilidad no constituye una respuesta eficaz al problema de la violencia urbana.

La ley comenzará a regir el próximo 5 de septiembre, mientras la Justicia deberá resolver ahora si hace lugar al planteo de inconstitucionalidad impulsado por las defensorías públicas y respaldado por las organizaciones de derechos humanos.

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